El Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Canarias ha registrado en Santa Cruz de Tenerife una Proposición No de Ley (PNL) destinada a modificar la actual regulación de la Renta Canaria de Ciudadanía. La formación busca promover una reforma de la Ley 5/2022, aprobada en diciembre de ese año, para endurecer las condiciones de acceso a esta prestación económica, argumentando la necesidad de asegurar un uso responsable de unos recursos públicos que califican de limitados.

El núcleo de la propuesta se basa en restringir la concesión de esta ayuda exclusivamente a aquellas personas que cuenten con residencia legal en España. Según el texto presentado por el partido, no bastaría únicamente con demostrar una situación de vulnerabilidad económica, sino que se exigiría certificar un arraigo real y duradero. Esto se traduciría en la imposición de un periodo mínimo reforzado tanto de empadronamiento como de residencia efectiva en el territorio.

Además de los criterios de residencia, la iniciativa parlamentaria plantea que la administración valore el historial del solicitante a la hora de conceder la prestación. Para ello, sugieren que se evalúen aspectos como la trayectoria de permanencia, los periodos de cotización, el nivel de inserción laboral, la formación adquirida o la contribución general al sistema, bajo unos términos que tendrían que ser desarrollados reglamentariamente.

Para justificar esta modificación, Vox establece una diferenciación estricta entre la atención social de emergencia, que responde a principios puramente humanitarios, y las prestaciones económicas ordinarias. El partido sostiene que el acceso a estas últimas, al financiarse con el esfuerzo de los trabajadores y contribuyentes, puede y debe condicionarse legítimamente al cumplimiento de requisitos más estrictos de vinculación legal e integración.

La formación política entiende la Renta Canaria de Ciudadanía como una herramienta de carácter subsidiario o complementario al Ingreso Mínimo Vital estatal, diseñada para apoyar a personas y familias vulnerables. Con esta reforma, la agrupación afirma que busca preservar la finalidad original de la ayuda como un mecanismo temporal destinado a la inclusión social y laboral, intentando garantizar bajo sus criterios la justicia, la sostenibilidad y la viabilidad del sistema de protección social autonómico.