La portavoz de la Comisión de Vivienda del grupo parlamentario VOX, Paula Jover, ha reprochado al Partido Popular que su propuesta contra la okupación en Canarias es solo maquillaje político donde no se ha buscado consenso sino protagonismos titulares.

Jover ha recordado que la frase “contra la okupación, solo queda VOX” se ha escuchado y demostrado en la calle desde que este fenómeno empezó a aumentar en Canarias. Desde equipos municipales, concejales, consejeros, diputados a portavoces nacionales y europeos. “Y todo ello”, ha apostillado, “frente a la indiferencia y menosprecio de todas las demás formaciones políticas”.

Además de en la calle, ha agregado, “hemos introducido el debate político en Canarias al que ahora se suman populares y nacionalistas”. Como ejemplos, ha citado la moción de VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo insular tinerfeño, que tras haber sido rechazadas en diciembre de 2023 luego fueron reformuladas o copiadas en esas instituciones por quienes ahora se suman a la denuncia de la okupación y la inquiokupación.

En este sumario, la diputada se ha referido al caso del barrio capitalino de El Toscal, “hecho que marcó un antes y un después en la posición política de CC y PP ante la gravedad de los hechos”.

Entrando al contenido de las enmiendas de VOX rechazadas por “ideológicas”, Jover ha indicado que se debería repudiar la okupación pero también las declaraciones —refiriéndose a las palabras en pleno vertidas por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez— que desde el inicio del fenómeno han tratado de mitigar el alcance del fenómeno, tildando la lógica llamada de apoyo de los afectados como “alarmistas”.

Además, VOX entiende que modificar la Ley 12/2023 es insuficiente y se debe derogar, así como el articulado del Real Decreto Ley 1/2025, conocido como “ómnibus”, que da soporte a la inquiokupación.

Se ha impedido igualmente por parte del PP que se vote acerca de la oportunidad de introducir medidas de apoyo a las víctimas como la exención del pago del IBI o el asesoramiento legal y apoyo asistencial a través del Instituto Canario de la Vivienda, así como el endurecimiento de las penas por el delito de usurpación especialmente en el caso de bandas de ocupación ilegal.

Jover ha finalizado recordando cómo en una de las visitas la policía local paró e interrogó a la afectada y no a los okupas que había alertado a los agentes ante la presencia de personas por fuera de la vivienda. “Estamos en el mundo al revés y es responsabilidad de los políticos volver a enderezarlo”.

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