Gestión Sanitaria de Canarias existe desde hace 19 años con el objetivo de asumir el servicio del transporte sanitario en las Islas.

El traspaso a la empresa pública no requiere la elaboración de nuevos pliegos de contratación.

UGT Canarias quiere manifestar su desacuerdo ante las declaraciones realizadas por la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, en las que hace referencia a “falta de tiempo” para iniciar los trámites de la desprivatización del servicio de ambulancias. Ante esta circunstancia este sindicato, a través de la Fesp, quiere dejar claro que en la actualidad ya existe una empresa pública creada con este fin y que el traspaso del servicio no requiere la redacción de nuevos pliegos ni de procedimiento licitador de dicho servicio. “Gestión Sanitaria de Canarias (GSC) existe desde hace 19 años con el objetivo de asumir de forma pública dicho servicio de forma directa, es por ello que no entendemos las declaraciones realizadas por la nueva consejera”, ha puntualizado Iván Amador, responsable de la sección de Transporte Sanitario de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias.

Para esta federación, esta circunstancia solo responde a una “falta de interés” por parte del nuevo Ejecutivo de Canarias, y en particular de la responsable de la cartera de Sanidad. “Es inadmisible que desde la consejería se sigan dando fechas a las empresas para conocer las ofertas y seguir manteniendo este servicio en manos de empresas privadas. Hace unos meses sí era posible y se aludía a la existencia de GSC como figura jurídica válida para este fin pero ahora, estando ya en el poder, lo ven inviable. No tiene sentido.”, ha añadido Amador.

Desde UGT Canarias se quiere poner de relieve el trabajo que se viene realizando de cara a lograr la desprivatización de dicho servicio con el único objetivo de mejorar y garantizar su calidad. Una tarea que desde la Fesp se ha asumido como prioritaria ya que en estos momentos la federación es consciente de que la calidad del servicio no responde a criterios reales. “Seguir manteniendo este servicio en manos de empresas privadas es poner en riesgo la asistencia y el servicio que se presta a  la ciudadanía  canaria”, ha destacado Amador. Circunstancia a la que el portavoz sindical ha añadido su “perplejidad” ante la nueva deriva tomada por el Ejecutivo canario, ya que hace unos meses mostraron su conformidad para iniciar el proceso de desprivatización en caso de conformar gobierno.

Licitaciones anuladas por el TSJC

Desde la organización recuerdan que se ha llegado a esta situación  por las licitaciones anuladas por el TSJC, en cuya sentencia se establece la nulidad de las mismas al reconocer que fueron adjudicaciones a dedo a empresas que no cumplían con los requisitos económicos exigidos, como el aval o  el escándalo de los falsos autónomos.

Un procedimiento que para este sindicato ha estado plagado de irregularidades y de falta de transparencia, circunstancias por las cuales se procedió a presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. “Desde la Fesp nos ceñimos a la denuncia presentada en la que se deja claro que cualesquiera otros que aparezcan como responsables a lo largo de las investigaciones tendrán que depurar responsabilidades. Por lo tanto, entendemos que si el Ejecutivo actual continúa adelante es consciente de esta circunstancia y de que continuaremos batallando en los juzgados” ha añadido Amador.​