Las empresas concesionarias estarán obligadas a aplicar los convenios sectoriales o los convenios de empresa que superen a estos. Asimismo, tendrán que estar siempre al corriente en el abono de los salarios.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha logrado que las empresas que opten a concursos públicos deban aplicar a sus trabajadores, como condiciones laborales mínimas, los convenios sectoriales propios de su actividad económico. Esta medida pondrá freno a los despropósitos cometidos por las empresas piratas, que realizan ofertas agresivas a la Administración, a costa de las condiciones laborales de sus plantillas. Algunas de estas empresas son Seguridad Integral Canaria, SINERGIA o Ralons, entre otras. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT Canarias) lleva meses trabajando, reuniéndose con todos los grupos parlamentarios, para impulsar medidas como estas, que garanticen el respeto a los derechos laborales del personal que presta servicios a las Instituciones públicas.

La disposición de la ley de Presupuestos aprobada ayer, determina que las empresarias concesionarias de un servicio público se verán obligadas a aportar a la Administración cuanta información requieran sobre las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, deberán aplicar el convenio sectorial que le corresponda por su actividad económica y su ámbito territorial, o bien un convenio de empresa que mejore dichas condiciones laborales. En definitiva, no se podrá aplicar convenio alguno por debajo del sectorial, práctica habitual en las denominadas ‘empresas piratas’. Los pliegos de condiciones recogerán, necesariamente, que las empresas tendrán que mantener a todo su personal, lo que garantiza la estabilidad de las plantillas.

Otra de las medidas impulsadas por la UGT ha sido la de la obligación de las empresas concesionarias a estar al día en el abono de los salarios. La Administración podrá solicitar, mes a mes, un certificado de que esto es así, estableciendo como causa de incumplimiento de los pliegos estos impagos, pudiendo revocar el contrato.

Estas normas serán de obligado cumplimiento para todas las Instituciones como Gobierno, cabildos y ayuntamientos.