Desde la central afirman que no ver en esta situación la oportunidad de internalizar este servicio público se debe más a intereses particulares, que a la postura de un sindicato sensato.

El sindicato lo expone contundente. El procedimiento del concurso del Servicio Sanitario Terrestre está viciado de nulidad. La central insta al Gobierno de Canarias, hoy en funciones, a finalizar el procedimiento y que sea el nuevo gobierno que se forme el que tome la última decisión.

La central sindical alerta de que este hecho no debe atender a mayorías o minorías sindicales, sino a la responsabilidad de los sindicatos para solicitar una medida que es de justicia y que pretende evitar la precariedad de los trabajadores.

La Sanidad en Canarias no puede resolverse con parches, “sino por dar solución a los problemas a los que se enfrentan los canarios enfermos cada día”, apostilla el responsable del sector en UGT, Iván Amador.  Que sugiere, además, que “la Sanidad necesita de un Gobierno de progreso que erradique las políticas del colegueo”.

El Gobierno ha actuado con dejadez y negligencia en este sector. Ha sido conocedor de las necesidades de este y ha eludido su responsabilidad. Fruto de ello es que ha actuado a golpe de registro tanto en la Consejería de Sanidad como en el Parlamento de Canarias, actuando no para dar solución, sino resolviendo con medidas paliativas.

La incoherencia de seguir defendiendo un servicio privatizado

Desde la central afirman que no ver en esta situación la oportunidad de internalizar este servicio público se debe más a intereses particulares, que a la postura de un sindicato sensato.  Es más, consideran incoherente la postura de defender un sector privatizado que sólo trae conflictos a un servicio público, lo que crea inestabilidad en el propio servicio y en sus plantillas. Justo lo mismo que pretende defender UGT con esta medida.

De la misma forma, desde UGT están de acuerdo en que la negligencia de ampliar la vida útil de las ambulancias ha sido una dejadez del Gobierno, pero no por ello debe ser el detonante para seguir privatizando el servicio. Consideramos que la seguridad de los enfermos y empleados debe prevalecer ante todo y la revisión y mantenimiento de las unidades debe de ser una constante en este proceso. Iván Amador considera que “al no haber adjudicación se presume que no existen vehículos carrozados, por lo cual sería justo pensar que el tiempo es el mismo para las empresas privadas que para la empresa pública a la hora de disponer de ellos. A estas alturas deberíamos utilizar más argumentos y dejar de confundir a la sociedad”.

La clase política debe velar por las garantías del servicio público y los sindicatos por las condiciones laborales de los empleados que lo prestan, por lo que, con las distintas normas, estatutos, reales decretos etc. que regulan la subrogación, no deja incertidumbre alguna, siendo deber de los representantes legales la vigilancia del proceso. “Las plantillas están más expectantes a una posible internalización y a que se le contrate acorde a la formación que tienen, a que una ambulancia sea de una marca, al color de la torreta o a la uniformidad”.

Para Amador, es inaudito que “CCOO le dé más importancia a la renovación de la flota justo en este momento de tener al alcance de la mano una mejora en un servicio público esencial y de su plantilla”. Cabe recordar que este sindicato pertenece a la Federación de Transportes en su mismo ente y es presumible que conozcan este sector más que el sanitario, recalca Amador.

Lavar los trapos sucios del Gobierno canario 

Está reivindicación no puede usarse sin argumentos. Para llegar a esta situación, la FESP-UGT ha llevado a cabo un duro trabajo justificando el proceso desde el punto de vista jurídico y económico. En lo que respecta a esto, CCOO siempre ha mostrado el empecinamiento de seguir privatizado sin mostrar argumentos sino la confrontación, falta de conocimiento del proceso y confundiendo a los trabajadores que prestan el servicio. Al margen de lavar los trapos sucios de un Gobierno deficiente en el Transporte Sanitario.

Amador recalca que lo que reclaman las empresas es la falta de beneficio industrial, no presupuesto para prestar el servicio. Debemos considerar que lo atractivo de este proceso es justo que el periodo de amortización ya finalizó, por lo que no se indemnizaría a las empresas. En el precio de licitación ya se dispone del dinero necesario para cubrir el servicio según establece la Ley de Contratos del sector público.

Por ello instamos al Gobierno a que asuma sus errores y sea responsable. Esta licitación es nula de pleno derecho. Y que se consideren las medidas oportunas para internalizar este servicio público tratándose del primer contacto que tienen los enfermos y/o accidentados con la Sanidad canaria.