Esta resolución fue aprobada en el último Comité Regional del sindicato y nace debido al uso abusivo de la Reforma Laboral que hacen las empresas que concurren a concursos públicos de contratación.
UGT Canarias solicitará al Gobierno de Canarias que no elimine el acuerdo de inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos con empresas. Esta iniciativa nace fruto de una resolución aprobada en el último Comité Regional de sindicato, fruto del uso abusivo de las vías que permite la Reforma Laboral para deteriorar las condiciones laborales de sus trabajadores y así presentar ofertas más ‘apetecibles’ para la Administración.
Desde las últimas reformas laborales, la UGT Canarias ha observado que muchos empresarios están haciendo un uso torticero de la misma para enriquecerse a costa de sus trabajadores. Una política hostil hacia sus empleados que ha sido permitida, de forma indirecta o directa, por la Administración de las Islas. Las empresas que concurren a concursos públicos muchas veces optan por aplicar descuelgues de sus convenios sectoriales para reducir los costes salariales en un 50%, en algunos casos.
Los sindicatos como diques de contención
La inexistencia de representación legal de los trabajadores en muchas de estas empresas, en ocasiones por la feroz persecución que sufren los sindicalistas que allí trabajan y pretenden organizar a los compañeros, hace que no exista un dique de contención contra estas condenables políticas empresariales. La UGT ha iniciado numerosos procesos judiciales para tumbar este tipo de medidas, logrando sentencias favorables en más del 90% de los casos, aunque lamentablemente los procesos tardan más de lo deseable.
UGT Canarias recuerda que el pasado 16 de septiembre de 2016 se alcanzó un acuerdo para la adopción de medidas sociales y medioambientales en la contratación pública. Este acuerdo fue la antesala de un proceso que se abre ahora, la elaboración de una Ley para la inclusión de estas cláusulas. En la tramitación de esta norma el sindicato solicita que se incluya en ella que la empresa que opte al concurso deba cumplir y aplicar el Convenio Sectorial de su actividad, o bien el de Empresa si es superior a éste.
