El gobierno es el promotor del terrorismo y lo hace en forma abominable, que es el ejercido por un Estado que en el mundo civilizado sólo puede usar las armas para reprimir la violencia irregular.
El terrorismo es una forma de lucha irregular propia de organizaciones extremistas opositoras a un régimen o sistema, que cometen hechos atroces de los cuales se hace víctima indiscriminada a sectores de la población generalmente ajenos al conflicto. El terrorismo puede ser masivo (colocación de explosivos en servicios públicos, lugares de alta afluencia de personas, etcétera) o selectivo (secuestros, atentados y ejecuciones de individualidades). Pero también puede perpetrarlo el Estado a través de organismos regulares e identificados de represión (ejército, policías, servicios de inteligencia) o por organismos como bandas armadas de delincuentes comunes a quienes el gobierno enrola a cambio de perdón y de las que a veces también forman parte individuos de los entes oficiales. El terrorismo de Estado también puede ser masivo o selectivo y afecta por igual a personas involucradas en la situación que se quiere reprimir o a gente ajena al evento. Los terroristas piensan que el terrorismo es eficaz para resolver los conflictos a favor de quien lo promueve, pero se ha demostrado que a la larga siempre pierde quien lo emplea.
Si el terrorismo no gubernamental es abominable, peor es el terrorismo de Estado, porque en toda sociedad civilizada es el ente público quien está legalmente dotado de las armas y comanda los organismos de represión para evitar y combatir toda violencia irregular en vez de emplearla como instrumento de control.
En nuestro país, víctima involuntaria de una dictadura fallida y forajida, el promotor exclusivo del terrorismo masivo y selectivo es el gobierno. Sus hechos son casi imposibles de enumerar: bombardeo de manifestaciones pacíficas con gases tóxicos; disparos con armas de fuego sobre la población desarmada; uso de equipos mecanizados y unidades artilladas y blindadas; lanzamiento de bombas contra centros comerciales, viviendas, escuelas, clínicas, hospitales y hasta ancianatos; ejecuciones sumarias y tiros de gracia; asesinatos de personas detenidas, postradas e inermes; detención indiscriminada de transeúntes, muchos de ellos ajenos a las manifestaciones, posteriormente torturados para arrancarles confesiones e imputar a dirigentes opositores a quienes no conocen; sometimiento de detenidos a juicios militares inconstitucionales sin debido proceso, sin defensa ni pruebas; incomunicación de prisioneros; torturas; privación de asistencia médica y medicinas a imputados políticos; allanamientos masivos de viviendas (la denominada “operación tuntún”), revocación y decomiso de instrumentos de identificación como cédulas de identidad y pasaportes; intercepción de líneas telefónicas y correos electrónicos; instalación de equipos de rastreo y escucha a distancia; falsificación de documentos; siembras de drogas, armas y explosivos para incriminar a disidentes; prohibiciones de viajar dentro y fuera del país y un sinfín de tropelías cuyo único límite es la imaginación de los sátrapas.
Escribo el viernes 26, fecha en la que el terrorismo de Estado presenta una lista macabra de 58 muertos, mayoritariamente jóvenes y adolescentes, miles de heridos y presos sometidos a diferentes procesos de privación ilegítima de la libertad, casi todos bajo la inconstitucional justicia militar, mucho más asquerosa, vil y abyecta que la de por sí putrefacta justicia civil.
Henry Ramos Allup
Secretario General del Partido Acción Democrática
