La organización ecosocialista exige que el ejecutivo respete el papel del Parlamento de Canarias.
Defiende un modelo de gestión totalmente público y apunta a la necesaria mejora de los contenidos.
Sí se puede considera imprescindible que el gobierno deje de dirigir la Radio Televisión Canaria (RTVC), tal como está ocurriendo en la práctica, en contra de lo establecido por la actual Ley que rige el funcionamiento de la entidad para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en Canarias. “El gobierno de Clavijo no es el primero que incumple la obligación de respetar la independencia de la Radio Televisión Pública Canaria; en cualquier caso, es el que tiene actualmente la obligación de cumplir con la Ley”, asegura Roberto Rodríguez Guerra, portavoz de la Coordinadora nacional canaria de la organización ecosocialista.
Rodríguez asegura que “lo primero que tiene que hacer Clavijo es dejar de despreciar al Parlamento de Canarias y reconocer que el control del ente corresponde a la cámara legislativa, por ser la institución representativa de la soberanía popular de Canarias”. Sí se puede es partidario de una modificación del Consejo Rector del órgano para que se garantice “una Radio Televisión Canaria independiente, plural, de calidad y a la altura de los tiempos”, señala el portavoz.
A juicio de Sí se puede, el problema en torno al Consejo Rector de la RTVC no es el de su apresurada constitución, sino el de los intereses que mueven a las empresas de comunicación de Canarias, que presionan en busca de “un mayor reparto de la tarta de las concesiones y de los programas”, así como del presupuesto asignado por su realización.
Así, por ejemplo, la organización ecosocialista considera escandaloso que el programa de la Televisión Canaria El foco se podía haber realizado sin coste adicional, ya que cabe en el contrato que se mantiene con la actual productora de los informativos de la televisión autonómica, mientras que, por el contrario, se optó por contratar a otra productora vinculada a un grupo empresarial mediático diferente, lo que supone “una grave recarga sobre el presupuesto de la televisión, mientras se precarizan las condiciones laborales de los trabajadores de informativos, que es la única garantía para sostener una información veraz, equilibrada y democrática”.
Sí se puede denuncia también prácticas que rozan la legalidad o son absolutamente ilegales, como el incumplimiento de las incompatibilidades a la hora de decidir las contrataciones, “en una mescolanza en la que intereses políticos y empresariales van a la par en el manteninmiento del suculento negocio de las concesiones y el sostenimiento de un gobierno que difícilmente se mantendría en pie sin el apoyo mediático y con unos programas informativos que respeten el esencial principio de equilibrio en los enfoques y contenidos de las noticias y los debates”.
Un modelo público garante de la calidad y la independencia
Por este motivo, Sí se puede considera imprescindible que el modelo de gestión de la RTVC sea público por completo: “se debe tender hacia un modelo totalmente público, en el que ni empresas ni productoras privadas sean las encargadas de gestionar derechos fundamentales, como los de información y libertad de expresión, y para abordar como tarea urgente la imprescindible mejora de los contenidos”, apunta el portavoz.
Entre los contenidos que urge cambiar para mejorar la calidad de las emisiones, especialmente de la televisión canaria, Sí se puede considera que “un ente como la RTVC debe asumir una función cultural que descarte el amarillismo y las payasadas que reinan en la parrilla; en cambio, debe hacerse cargo de una labor de difusión de la cultura universal y de la identidad canaria mas allá del folclore y del simplismo, así como de dar a conocer a la audiencia asuntos fundamentales, como la historia del Archipiélago y la producción cultural de tantos y tan diversos agentes culturales que ha dado y continúa dando nuestra tierra”.