Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.
Eso se derivaría de las cifras que acaban de publicar y sobre las que no tenemos capacidad para ofrecer una suficiente agregación de datos de contraste. Es el gran inconveniente de la escasa transparencia de la administración sanitaria de Canarias que no pone al servicio del control público un sistema de seguimiento continuo de las listas de espera. Es más, incluso nos han negado el acceso a la demora de las especialidades en la zona de influencia del HUC, como denunciamos el pasado 14 de mayo, frente a las citas para fechas escandalosamente tardías, pretendiendo que tales fechas no fueran objeto de fiscalización ni por los profesionales ni por los pacientes. Ahora cuadran la maniobra con unas listas de espera aligeradas. Por nuestra parte queremos poner de manifiesto que en el caso del HUC tenemos datos suficientes para demostrar lo que estamos afirmando, una relación de pacientes que estaban incluidos en listas de espera y dejaron de estarlo por arte del “maquillaje”, aunque por la protección de datos no podamos hacerla pública.
Toda la información que a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias le proporcionan profesionales y pacientes lleva a no dar demasiado crédito a ese anunciado descenso en las listas así como de los tiempos de espera. Estamos cansados de que nos notifiquen citas para el 2021 y esperas quirúrgicas de mucho más de 90 y de 150 días (tiempos máximos de acceso garantizado según la patología) aunque no dudamos de que se hayan incrementado las intervenciones.
La Consejería de Sanidad hace de la publicación de las listas de espera una auténtica campaña de marketing pretendiendo que olvidemos que el supuesto descenso de ahora se habría hecho recurriendo a recursos privados con financiación pública. Tenemos que insistir en que con ello se eterniza la no habilitación plena del sistema público al no poner a éste al día en recursos materiales y humanos para asumir plenamente lo que se está afrontando con recursos privados y que supone una auténtica potenciación con dinero público del negocio de la sanidad privada. Curiosamente el Consejero utiliza como argumento para la concertación con la privada el hecho de que la sanidad pública canaria, además de la falta de camas, es la última en número de quirófanos públicos.
Ante eso cabe preguntar, como botón, ¿qué pasó con los 18,5 millones de euros presupuestados para infraestructuras sanitarias en 2017 y que Baltar no invirtió?. En resumen, mientras Baltar se entretiene, y nos entretiene, con el marketing y la propaganda, el sistema público sigue sin suficientes quirófanos, ni con el debido personal sanitario y sus amigos empresarios de la sanidad privada hacen acopio de los fondos públicos procurando abarcar la máxima tajada de los 2.930 millones de euros del presupuesto para sanidad de este año 2018. ¡Y nos viene a vender la moto de los 2 millones para los “presupuestos participativos”!
