El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha autorizado la modernización de nueve grupos de generación eléctrica ubicados en Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Esta intervención afecta a un total de 374,52 megavatios (MW) de potencia instalada y se enmarca dentro del primer concurso de concurrencia aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para renovar el sistema eléctrico del archipiélago.
El proyecto no contempla un incremento en la capacidad de generación energética, sino la actualización tecnológica de infraestructuras ya operativas para prolongar su vida útil. Según el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, el objetivo de la medida es asegurar la fiabilidad del suministro frente a posibles fallos del sistema. “Canarias no puede permitir que la obsolescencia de los equipos ponga en riesgo la luz en los hogares ni la actividad de nuestras empresas”, aseguró el responsable autonómico.
Técnicamente, las obras supondrán la sustitución integral de motores, rotores, equipos auxiliares y sistemas de control. Estas modificaciones están diseñadas para reducir los tiempos de arranque de las centrales y rebajar sus mínimos técnicos de operatividad, lo que facilitará un respaldo más ágil a las fuentes renovables y permitirá disminuir el uso de combustibles fósiles cuando las condiciones de sol y viento sean favorables. Asimismo, la tecnología implementada en los ciclos combinados de Gran Canaria y Tenerife mejorará la capacidad de recuperación de la red insular en caso de sufrir una caída total o parcial del servicio.
Los trabajos ya se han iniciado con el permiso otorgado a la turbina de gas de Punta Grande, en Lanzarote, que cuenta con 19,6 MW. El plan de renovación se extenderá a las centrales de Barranco de Tirajana (169,7 MW) y Jinámar (64,6 MW) en Gran Canaria, a la central de Granadilla (107,9 MW) en Tenerife, y a las instalaciones de Los Guinchos (12,6 MW) en La Palma. “No estamos incorporando nueva potencia, sino actuando sobre grupos que ya existen para mejorar técnicamente sus instalaciones y prolongar su vida útil”, detalló Zapata, subrayando que la transición ecológica requiere responsabilidad para garantizar una red capaz de proteger a la población.
Esta autorización forma parte de una estrategia integral más amplia de la Consejería, que combina declaraciones de emergencia energética con medidas estructurales y la convocatoria de un segundo concurso estatal para cubrir demandas pendientes. En los últimos tres años, el archipiélago ha sumado 232 MW de nueva potencia verde (un incremento del 24%), lo que ha elevado la cuota de penetración de las renovables del 19,3% al 23%.
Este cambio de modelo se apoya también en la mejora de las interconexiones eléctricas, como el enlace submarino entre Tenerife y La Gomera, y en la regulación e impulso del almacenamiento energético, tanto mediante baterías como a través de futuras infraestructuras de hidrobombeo en Salto de Chira y Güímar. “Cuando se trata de energía, no hablamos de actuaciones aisladas, sino de avanzar en todos los frentes”, concluyó el consejero, defendiendo un esquema sustentado en “más generación de respaldo, más renovables, mejores redes y más almacenamiento”.
