El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de cometer “fraude de ley” a la hora de intentar acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en Canarias, y ha presentado una solicitud de reconsideración a la Mesa del Parlamento de Canarias para revertir esta situación.
Según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, el PSOE rechaza la justificación del Ejecutivo autonómico de hacerlo por vía de urgencia que el Gobierno fundamenta en la “alarma social por el crecimiento exponencial del número de viviendas vacacionales, que ascienden en la actualidad a 64.412, así como por la desinformación que se ha realizado por algunos colectivos afectados”.
En este sentido, denuncian que el Gobierno canario no ha actuado con la celeridad que han utilizado como excusa para tramitar el Proyecto de Ley por el trámite de urgencia, y que se demuestra en los datos actuales sobre vivienda vacacional en las islas. “No ha actuado para evitar esta situación sino para empeorarla. Desde el 18 de octubre de 2023, cuando se inicia la tramitación de la Ley, hay 18.000 viviendas vacacionales más en el mercado”.
Los socialistas explican que el propio Gobierno de Canarias conoce los informes incluidos en el expediente del Proyecto de Ley, elevados al Consejo de Gobierno, donde dejaban patente el crecimiento de las viviendas vacacionales, pasando de 46.186 en octubre de 2023, a 52.204 en marzo de 2024 y a 64.412 el 26 de diciembre de 2024.
A pesar de que el informe de oportunidad de la Ley ya alertaba de la incidencia de la vivienda vacacional en el derecho de acceso a la vivienda, el Gobierno canario aprobó el Decreto Ley 1/2024 de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, “que no sólo no contiene ninguna medida en materia de alquiler vacacional, sino que tampoco contiene ni una sola mención al alquiler vacacional”.
Y no es hasta siete meses después —según explican—, el 1 de julio de 2024, cuando la cifra se elevaba a 58.447, en el momento en el que se acordó por urgencia en el seno del Gobierno tramitar el Proyecto de Ley por la vía de urgencia. En el propio acuerdo, el Gobierno elevaba la cifra de viviendas vacacionales en Canarias hasta las 58.447.
También critican que el Gobierno haya ignorado sus propios informes, que recomendaban una moratoria turística, y ha votado en contra de esta medida en dos ocasiones en el Parlamento de Canarias.
Desde el partido aseguran que, esta decisión de rechazar cualquier atisbo de suspender de forma temporal la concesión de nuevas licencias vacacionales a través de esta moratoria, ha provocado que las viviendas vacacionales hayan crecido en Canarias en un 38,56%, lo que supone 17.926 viviendas más.
En esta línea, añaden que se trata de un expediente de 54 documentos y de 2.858 páginas, de las cuales 1.763 corresponden a las alegaciones de particulares e instituciones y de los colectivos afectados, a los que el Gobierno les arroga el calificativo de “desinformadores y generadores de alarma social”.
“Podemos concluir que el Gobierno en un evidente fraude de ley, ha tratado de justificar una urgencia en la tramitación que no se compadece con las propias decisiones que ha ido adoptando durante su tramitación interna”, aseguran.
