El Servicio Canario de Empleo (SCE) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil para este año 2017. El importe de la cuantía prevista es de 7.450.000 euros y estas ayudas serán cofinanciadas por el programa Iniciativa Empleo Juvenil (IEJ) a través del Programa Operativo Empleo Juvenil (2014-2020). El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde mañana viernes, 25 de agosto, a través del registro electrónico del SCE.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, explica que “esta iniciativa consiste en combinar acciones de empleo y de formación para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, de más de 16 años y menos de 30, que en la actualidad ni estudian ni trabajan”.
El director del SCE, Sergio Alonso, resalta la importancia de este programa ya que “va dirigido a jóvenes a los que se le proporciona una segunda oportunidad en la formación ocupacional, acreditando la formación obtenida y la experiencia adquirida a través de un empleo remunerado”.
Los beneficiarios podrán combinar la formación orientada a la obtención de certificados de profesionalidad con la realización de un trabajo mediante la ejecución de obras o servicios de utilidad pública.
Los proyectos pueden complementarse, en la última etapa del proceso formativo, con un periodo opcional de realización de prácticas no laborales en empresas. Para que los jóvenes puedan participar deben ser personas no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que presenten mayores dificultades de inserción y que estén registradas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Los grupos de alumnos trabajadores no podrán exceder de quince por aula y se exige a las entidades que participen en la convocatoria que aseguren un mínimo de contratación de al menos tres de ellos. Más del 55% de las personas destinatarias de los proyectos deberán ser mujeres y dentro de este colectivo se priorizará a mujeres que sean víctimas de violencia de género, salvo que no haya suficientes demandantes inscritas que reúnan los requisitos establecidos, debiendo mantenerse esta proporción desde el inicio hasta la finalización del proyecto. Así mismo, se priorizará a jóvenes tutelados y con medidas judiciales; así como a aquellos jóvenes con falta de experiencia profesional. A dichos efectos, no deberán haber tenido una relación laboral o experiencia profesional superior a tres meses en la misma ocupación, no teniéndose en cuenta a estos efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o certificados correspondientes.
Se estima que se presenten 28 proyectos que darían formación y ocupación a 420 alumnos-trabajadores. Podrán optar a estas subvenciones los órganos, organismos autónomos y otros entes públicos, de la Administración del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, además de las corporaciones locales, las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro radicadas en Canarias entre cuyos fines estén la formación y el empleo.
Los proyectos, cuya duración será de 11 meses y 14 días naturales, requerirán de la contratación de personal docente y administrativo, que se seleccionará de entre los demandantes registrados en las oficinas del SCE.
Para los alumnos, los proyectos podrán tener dos etapas: una, de carácter obligatorio, que durará once meses, en la que recibirán la formación inherente a los certificados de profesionalidad, así como formación complementaria, y realizarán un trabajo efectivo en un entorno real que les permita adquirir experiencia profesional. Los alumnos serán contratados desde el inicio de su participación en los proyectos mediante un contrato de formación y aprendizaje.
En una segunda etapa, las entidades promotoras de los proyectos podrán, voluntariamente, promover acuerdos con empresas del entorno sectorial de actuación, que permitan a los alumnos que hayan superado con evaluación positiva la primera etapa, la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, de un mes de duración.