Ocho asociaciones de La Palma, conformadas por damnificados por la catástrofe volcánica de 2021, vecinos de la zona afectada y colectivos animalistas, han unido sus voces para emitir una serie de recomendaciones dirigidas a la población y a las autoridades de Tenerife. El objetivo de este comunicado conjunto es contribuir a “evitar que se repitan los errores de hace cuatro años en la prevención y gestión de la emergencia del Tajogaite”.

Estos colectivos aseguran que siguen “con interés y empatía la actual situación de actividad volcánica anómala en Tenerife”, una reactivación que, según los datos del Comité Científico del PEVOLCA, se inició en 2016 y continúa en aumento diez años después. Partiendo de la experiencia vivida en el Valle de Aridane, las asociaciones consideran “una obligación moral” aconsejar que se actúe a tiempo y se promueva la “cultura de la prevención, sin alarmismo”.

En este sentido, sostienen que “precisamente estar preparados para una posible erupción es lo que permite actuar, si llegara a producirse, sin improvisación, con eficacia, salvando vidas y reduciendo daños materiales y psicológicos”. A esto añaden que la preparación previa garantiza una mejor atención y recuperación, ya que, según lamentan, “a la emergencia se sumó en nuestro caso la incertidumbre y las dificultades de la reconstrucción”.

Los colectivos palmeros advierten que en Tenerife “aún se está a tiempo de hacer las cosas bien”. Aplicando el principio de precaución más elemental, reclaman que sea ahora, y no a largo plazo, cuando se adopten las medidas que preparen a la sociedad ante los distintos peligros volcánicos y los protocolos de autoprotección, con el fin de salvaguardar la seguridad personal y minimizar los daños en bienes y animales. Para ilustrar esta urgencia, recuerdan los fallos de gestión ocurridos en La Palma, denunciando que “cuando se produjo la erupción del Tajogaite no existía una cultura de prevención ni una planificación actualizada del riesgo volcánico”.

Asimismo, señalan que los primeros barrios destruidos no habían sido informados del peligro, el semáforo de alerta permanecía en amarillo cuando el volcán entró en erupción, no se evacuó a los habitantes con antelación y, a día de hoy, “no se han querido hacer públicas las deliberaciones de los órganos científicos y de dirección de la emergencia”. Ante esto, reflexionan que “la confianza en las instituciones públicas y la resiliencia colectiva se construyen en tiempos de calma, cuando la naturaleza nos avisa con tiempo”, calificando la erupción del Tajogaite como “una catástrofe de la que debemos y podemos aprender para no tropezar dos veces en la misma piedra”.

El documento está suscrito por la Plataforma de Afectados por el Volcán en Cumbre Vieja 2021, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Iniciativa Ciudadana de Afectados por el Volcán, la Asociación Agua para La Palma, la Asociación Tierra Bonita, la Asociación Protectora de Animales y Plantas Benawara y la Asociación Unidad de Protección Animal (UPA-La Palma).

Recomendaciones desde La Palma

Para materializar esta preparación, las organizaciones han estructurado sus recomendaciones en ocho grandes bloques de actuación inmediata. En primer lugar, exigen transparencia en la información, pidiendo una “comunicación clara, rigurosa y periódica sobre la evolución de la actividad volcánica”. Esto implica poner a disposición ciudadana no solo las conclusiones científicas, sino también los datos en tiempo real de las redes que miden la sismicidad, las emisiones de gases y la deformación del terreno.

En segundo lugar, reclaman formación urgente en protocolos de emergencia. Instan a “formar, cuanto antes y sin esperar al largo plazo, a toda la población en medidas de autoprotección” y evacuación, además de realizar simulacros periódicos en los municipios de riesgo. Para ello, invocan el artículo 24 de la Ley de Volcanes de Canarias, el cual obliga al Gobierno autonómico a promover un plan de vigilancia del riesgo volcánico acompañado de un plan de sensibilización para minorar los daños personales y materiales.

En tercer lugar, recomiendan el aseguramiento de las propiedades situadas en zonas de exposición, cubriendo tanto el continente como el contenido para agilizar futuras indemnizaciones. Apelan al artículo 28 de la citada ley, que estipula que la Comunidad Autónoma requerirá a las aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros que faciliten información a la población para asegurar viviendas en zonas de riesgo, incluyendo áreas afectadas por fisuras o fallas.

En cuarto lugar, aconsejan mantener los bienes inmuebles debidamente inscritos, delimitados e identificados en el Catastro y en el Registro de la Propiedad, lo que facilitará la obtención de ayudas ajustadas a la realidad del bien, exigiendo además información objetiva sobre el nivel de peligrosidad de cada zona residencial.

Como quinta medida, solicitan la actualización urgente de los planes y protocolos de emergencia municipales sobre riesgo volcánico. Aunque Tenerife ya cuenta con un plan insular vigente, insisten en que las medidas del semáforo volcánico deben ajustarse a la realidad de cada territorio con datos actualizados sobre población vulnerable, animales, vías de evacuación e infraestructuras críticas. También sugieren prever canales directos de comunicación mediante tecnología satelital y drones para informar a los evacuados sobre el estado de sus propiedades.

En sexto lugar, abogan por una planificación territorial actualizada en la que los planes de ordenación reflejen la realidad y la peligrosidad volcánica, garantizando los derechos de los afectados ante una eventual reconstrucción.

En séptimo lugar, subrayan la necesidad de extender la prevención a los animales. Piden que las mascotas y animales de granja estén inscritos en registros oficiales y exigen a las Administraciones públicas prever espacios adecuados para alojarlos temporalmente durante la emergencia.

Finalmente, la octava recomendación exige el pleno desarrollo de la vigente Ley de Volcanes de Canarias, una iniciativa legislativa popular impulsada por afectados del Tajogaite y avalada por casi 20.000 firmas. Las asociaciones concluyen que esta ley es una herramienta fundamental no solo para la prevención, sino para garantizar, en caso de erupción, el apoyo psicológico y jurídico, el alojamiento digno, el traslado de animales, la ayuda para rescatar pertenencias, la retirada de cenizas, indemnizaciones justas, procedimientos ágiles, participación ciudadana y una reconstrucción sin dilaciones indebidas.