El Partido Popular de Canarias ha registrado en el Senado y en el Congreso dos iniciativas para exigir al Gobierno central que garantice el acceso en igualdad de condiciones al Programa de Turismo del IMSERSO a los mayores residentes en las islas no capitalinas.
La senadora autonómica Rosa Viera acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de dar la espalda a los mayores de Canarias y de convertir la insularidad en una penalización económica. “Sánchez presume de igualdad, pero la realidad es otra. Un pensionista de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o La Graciosa puede tener que pagarse un desplazamiento interinsular solo para empezar su viaje del IMSERSO”, señala.
El problema, explica la portavoz popular, surge cuando el viaje contratado tiene su punto de salida en Gran Canaria o Tenerife: los residentes en las islas no capitalinas necesitan entonces un traslado previo, en avión o en barco, con el coste y la complicación logística que eso supone. “No hablamos de un viaje voluntario ni de un gasto de ocio. Hablamos de lo que necesita un mayor para poder llegar al viaje que ya ha contratado dentro de un programa del Estado”, apunta Viera.
La senadora es crítica con un Gobierno que, dice, “conoce el problema desde hace tiempo y no mueve ficha”. “Sabe perfectamente que no cuesta lo mismo acceder al IMSERSO desde Tenerife que desde El Hierro o La Gomera. Y aun así no hay ninguna solución específica para quienes cargan con ese sobrecoste.” Según Viera, ni las modalidades con y sin transporte del programa ni los precios diferenciados para Canarias cubren necesariamente ese desplazamiento interinsular, el importe varía según la isla de origen, el medio de transporte y las condiciones aplicables en cada caso. “El Gobierno tiene que explicar por qué un pensionista canario paga de su bolsillo una parte del coste que genera la propia configuración territorial de Canarias.”
El PP pide al Ejecutivo una compensación estatal específica para esos desplazamientos interinsulares y que se modifiquen las condiciones del programa para incorporar expresamente ese transporte. Las iniciativas registradas en el Congreso y el Senado buscan además que el Gobierno aporte datos: número de beneficiarios de las islas no capitalinas en las últimas tres temporadas, desplazamientos interinsulares realizados y coste medio por usuario, y si se ha estudiado alguna vez este sobrecoste o existe algún mecanismo para compensarlo.
“Queremos saber cuánto cuesta esta discriminación y quién cree el Gobierno que debe pagarla. Nosotros lo tenemos claro: no puede recaer sobre nuestros mayores”, afirma Viera, que recuerda que el artículo 138.1 de la Constitución obliga al Estado a atender de forma particular las circunstancias del hecho insular. “Canarias no pide privilegios, pide igualdad. Y en un territorio fragmentado como el nuestro, la igualdad exige medidas específicas que compensen las desventajas de la insularidad.”
Viera reclama al Gobierno “menos discursos y más soluciones para Canarias”. “Si sabe que nuestros mayores afrontan un coste adicional por vivir en una isla no capitalina, que actúe. Lo contrario es aceptar que hay ciudadanos de primera y de segunda según la isla en la que vivan.”
