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Policías locales exigen un desarrollo específico para canarias del plan antiterrorista

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Consideran que la actuación de los gobiernos centrales y canario es descoordinado.

Exigen medidas de coordinación, seguridad municipal, autoprotección de los agentes de policía y reformas legislativas.

La Agrupación de la Policía Canaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias y la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias coincidieron este martes en exigir la asunción de un plan específico para las islas que permita la inmediata incorporación de los más de 3000 policías locales a la lucha contra el terrorismo.

Ambos sindicatos, presentes en la Mesa de Coordinación de Policías Locales que asesora a Gobierno de Canarias, entienden que estas medidas son imperativas una vez que la Secretaría de Estado de Seguridad ha establecido la necesidad de que las policías locales colaboren en el Plan Nacional de Prevención y Protección Antiterrorista. Los sindicatos consideran que esta directriz no se está llevando a cabo en Canarias con el nivel de detalle que merece la gravedad del asunto, “pues parece que como han pasado varios días, ya no existe ese temor a nuevas amenazas o peligros, y eso es una irresponsabilidad política, ya que los expertos en terrorismo mantienen la alerta 4 reforzada con las policías locales” asegura Carlos Lemes, miembro de la Agrupación de la Policía Canaria. Así, si bien aplauden que la Delegación del Gobierno esté manteniendo reuniones con algunas administraciones locales, lamentan que dichas reuniones no pasen del compromiso de colocar barreras físicas, sin profundizar en medidas de colaboración de las policías locales.

No se entiende, aseguran, que en estas reuniones la Delegación del Gobierno no solo haya obviado a muchos ayuntamientos, sino que, además, pase por alto que la coordinación de las policías locales corresponde al Gobierno de Canarias, ausente de dichas reuniones. De esta ausencia también tiene culpa el Ejecutivo regional, que está haciendo “dejación de las responsabilidades en materia de coordinación de las policías locales” que se derivan del Estatuto de Autonomía, asegura Carlos Lemes.

Para FSC-CCOO y UGT es “prioritario y urgente” establecer medidas concretas para desarrollar una colaboración y coordinación interpolicial eficaz, para la cual el Gobierno de Canarias debería convocar la Junta de Seguridad Autonómica, así como abordar la asunción de medidas a cuatro niveles: la coordinación, la seguridad municipal, la autoprotección de los agentes de policía y las reformas legislativas.

Respecto de las medidas de coordinación, los sindicatos han presentado un extenso informe al Gobierno de Canarias, delegada del Gobierno y al Presidente de la FECAM con 24 medidas concretas para incrementar los niveles de seguridad de los ciudadanos y de los propios profesionales de la seguridad, y estiman prioritario, entre otros, el convocar la Junta de Seguridad Autonómica con el fin de analizar los riesgos en cada territorio, así como establecer fórmulas de intercambio de información entre los cuerpos de seguridad. Es necesaria también la impartición de jornadas formativas en materia de terrorismo para los profesionales de la seguridad, formación que se debe incorporar en los programas de los cursos básicos de ingreso y capacitación de mandos. Asimismo, sería preceptivo que la Administraciónautonómica participara en la elaboración de la instrucción técnica y protocolos de actuación específicos para el desarrollo de la colaboración de las Policías Locales dentro del Plan Nacional de Prevención y Protección Antiterrorista.

Como medidas de seguridad para los municipios, se hace imprescindible disponer barreras físicas en zonas sensibles; ampliar la presencia física de las policías locales en zonas específicas como medida disuasoria; realizar rigurosos controles de acceso a los eventos de pública concurrencia; vigilar y prestar atención a movimientos sospechosos de inmuebles ocupados o espacios de riesgos potenciales en el municipio; tomar medidas ante posibles brotes de discriminación, xenofobia o islamofobia que puedan surgir en los municipios; convocar urgentemente los empleos vacantes en las plantillas de Policía Local con el fin de aumentar la seguridad en los municipios; y establecer una línea de colaboración permanente entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para una selección más rápida de los nuevos agentes de seguridad, asegura José Antonio Alonso, de UGT.

En cuanto a las medidas de autoprotección para los policías locales, los sindicatos consideran que es preciso minimizar el riesgo de los agentes en el mantenimiento de la seguridad. Para ello deberían restringirse las patrullas unipersonales, establecer un mínimo de efectivos y la utilización obligatoria de los chalecos antifragmento/antipunzante, dotar a las unidades especializadas de armas largas, escudos y cascos balísticos, entre otros elementos estos de los que es necesario incrementar la dotación.

Las reformas legislativas necesarias pasan por modificar la orden por la que se establece la estandarización de los medios técnicos y defensivos de los efectivos de las policías locales de tal forma que se simplifique y agilicen los procesos de selección de nuevos agentes, que actualmente se dilatan un año o más. Asimismo, es preciso reactivar la Academia Canaria de Seguridad como órgano vertebrador de la formación en materia de seguridad y capacitación de todos los policías locales de Canarias. Por último, los sindicatos exigen acelerar la tramitación de la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, actualmente en elaboración.

Aparte de estos cuatro ámbitos de actuación, los policías locales de Canarias exigen que el Gobierno de Canarias solicite al Gobierno central que le ceda competencias en materia de personal, a través de la formula prevista en el artículo 150 de la Constitución Española, para que el Gobierno de Canarias asuma las competencias en el desarrollo de las Ofertas de Empleo Público y tasas de Reposición de las administraciones Canarias, con el fin de elevar el número de policías locales que en los últimos 10 años ha decrecido en más de 400, lo que supone no poder las demandas de seguridad en muchos municipios.

 

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