Podemos Canarias informó este jueves que, de no acelerarse radicalmente el ritmo actual de puesta a disposición de vivienda social y protegida, el archipiélago tardaría más de 435 años en cubrir las necesidades habitacionales de su población.

La formación política advirtió que, según sus proyecciones, para 2027 el número de personas en situación de sinhogarismo podría duplicarse. Asimismo, alertó sobre un aumento de la pobreza y la expulsión de la juventud del mercado residencial.

“Mientras el Gobierno presume de planes, miles de personas sobreviven en caravanas, garajes o pisos compartidos con tres generaciones. Canarias no necesita discursos, necesita casas. Y las necesita ya”, declaró Noemí Santana, portavoz de Podemos Canarias.

Según el análisis presentado, si no se toman medidas urgentes, más de 5.000 personas podrían vivir en situación de sinhogarismo en 2027, muchas de ellas con empleo estable. Además, se proyecta que el parque de viviendas vacacionales seguirá creciendo, superando las 54.500 unidades. Paralelamente, la denominada vacancia funcional —viviendas habitables y disponibles— advierten que se reduciría “peligrosamente” a un rango de entre 150.000 y 156.000 unidades. A su juicio, es este el fenómeno que “está vaciando las zonas residenciales y saturando el mercado del alquiler”.

El sistema judicial, según Podemos, absorbería el impacto del colapso habitacional, con una previsión de más de 4.000 lanzamientos (desahucios) anuales, la mayoría derivados de impagos de alquiler. “Todo ello, en una Canarias con una población creciente que ya no cabe en su tierra”, han dicho.

La formación también puso el foco en el deterioro humano asociado a esta situación. Señaló la cronificación del “trabajador sin techo” —personas con empleo que carecen de vivienda— y alertó de que la falta de vivienda es un factor de enfermedades mentales, exclusión y violencia estructural. Citó que, en 2025, un 44,5% de las personas sin hogar padecen enfermedades crónicas, y más del 30% sufre depresión, ansiedad u otros trastornos graves.

Esta proyección se contrasta con datos de la actividad institucional. Según los datos de Podemos, en 2023 el Gobierno de Canarias “solo construyó 69 viviendas protegidas, mientras que más de 30.000 familias esperan una solución”. La brecha entre la necesidad real, que la formación estima en 44.000 viviendas, y la respuesta pública, equivale, a su juicio, a una espera de más de 435 años para resolver el problema.

Podemos Canarias acusó al Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) y a sus socios del Partido Popular de haber convertido una crisis habitacional en una política de exclusión institucionalizada, y criticó que la administración haya apostado por planes a medio plazo, como el Plan de Vivienda 2026–2029, que aún se encuentra en trámites iniciales. Para la formación, esto se traduce a que “la administración ha preferido redactar directrices en lugar de entregar llaves. Es una renuncia burocrática que condena a miles de familias al desarraigo”.

Finalmente, la formación destacó que la compra de vivienda por parte de no residentes sigue en aumento, superando el 25% de las transacciones anuales, lo que a su entender refleja una pérdida de soberanía residencial. A juicio de Podemos, el modelo económico vigente transforma la vivienda en “un activo financiero para unos pocos y en una condena para la mayoría”.