El Pleno del Parlamento de Canarias ha sacado adelante este miércoles gran parte de la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el Grupo Parlamentario Vox, cuyo objetivo es la defensa del sector primario del archipiélago y del conjunto de España frente a los pactos comerciales de la Unión Europea y, concretamente, frente al acuerdo con Mercosur.

La sesión parlamentaria se ha saldado con la aprobación de siete de las diez medidas planteadas por la formación, consolidando un posicionamiento crítico de la Cámara regional respecto a varias directrices comunitarias.

En el bloque de iniciativas aprobadas, el Parlamento canario ha acordado manifestar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur hasta que este garantice una estricta igualdad de condiciones para los productores españoles.

En la misma línea, se ha apoyado exigir la paralización de la aplicación provisional de dicho tratado comercial y la necesidad de someter su aprobación definitiva a un referéndum.

Asimismo, la Cámara ha dado luz verde a la reclamación de una Política Agraria Común (PAC) enfocada en priorizar la rentabilidad del sector, la exigencia de recuperar los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria en los acuerdos de libre comercio, y el fomento de una conservación medioambiental que resulte plenamente compatible con la actividad agrícola.

Además, el documento aprobado insta a la suspensión del Acuerdo Agrícola vigente entre la Unión Europea y Marruecos, al recoger el texto que este causa un grave perjuicio a la agroalimentación nacional.

En cuanto a las medidas de ámbito autonómico dirigidas directamente al Gobierno de Canarias, el Parlamento ha respaldado la implantación inmediata del principio de declaración responsable en los procedimientos administrativos relacionados con el medio rural. Esta iniciativa busca reducir la burocracia actual y agilizar la actividad del sector, y se aplicará en todos aquellos casos en los que la legislación lo permita.

El rechazo de PP y CC

A pesar de la aprobación mayoritaria del documento, la sesión evidenció discrepancias en tres puntos que finalmente resultaron rechazados. En primer lugar, decayó la propuesta que planteaba un rechazo frontal al Pacto Verde Europeo y la derogación de las normativas derivadas de la Agenda 2030, políticas que el texto original califica de “perjudiciales” para el campo. El Partido Popular votó en contra de esta medida, lo que suscitó las críticas de Vox. Desde la formación proponente se ha incidido en que este tipo de iniciativas sí han prosperado en otras comunidades autónomas gracias a los gobiernos conjuntos de ambas fuerzas, argumentando que este revés evidencia la necesidad de su presencia en los ejecutivos para asegurar la defensa del sector agrario.

Tampoco salió adelante la exigencia de detener de manera urgente las transferencias de fondos públicos españoles orientados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y otros países extracomunitarios. Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria emitieron un voto negativo frente a esta medida, que la propuesta justificaba por la “competencia desleal” que dichos fondos generan contra los productores españoles. Según las valoraciones del partido de Santiago Abascal, la postura de populares y nacionalistas equivale a avalar el “mantenimiento de los pactos” con el país alauita.

Por último, la Cámara votó en contra de la creación de un fondo de compensación diseñado para amortiguar el impacto económico que las normativas comunitarias más restrictivas provocan en los distintos sectores productivos. Para Vox, la negativa a esta propuesta impide ofrecer un apoyo directo que habría protegido la viabilidad y la competitividad de agricultores, ganaderos y pescadores.

Tras el debate y la votación, el Grupo Parlamentario Vox ha hecho un balance en el que destaca el éxito de haber logrado que el Parlamento canario respalde la mayor parte de su paquete de medidas. No obstante, la formación ha denunciado que el resto de los grupos no hayan apoyado la totalidad de unas propuestas que consideran fundamentales para garantizar la soberanía alimentaria y proteger la capacidad competitiva de los productores españoles.