El complejo hotelero y de apartamentos Oliva Beach, situado en las Dunas de Corralejo, Fuerteventura, ha perdido su concesión, según ha anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La empresa Geafond, que había obtenido la concesión en 2003 como compensación por la pérdida de una propiedad debido a la delimitación del dominio público marítimo terrestre (DPMT), ha sido acusada de incumplimientos reiterados.

En marzo de 2022, Geafond fue sancionada por violar la ley de Costas y las condiciones de la concesión, recibiendo una multa de 204.000 euros y la orden de demoler las construcciones ilegales. Sin embargo, la empresa no cumplió con ninguna de las dos medidas. La resolución fue apelada administrativamente y luego impugnada ante la Audiencia Nacional, donde aún está pendiente de resolución.

Los incumplimientos de Geafond incluyen la realización de obras no autorizadas por la concesión, la existencia de usos no previstos en la concesión y el incumplimiento de la obligación de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 metros cuadrados) al uso público. Estas infracciones, que también dieron lugar a la sanción, son motivo de caducidad de la concesión, lo que llevó a la apertura del procedimiento de caducidad el 5 de julio de 2022.

Durante el proceso de caducidad, se han celebrado varias audiencias con todas las partes interesadas, incluyendo asociaciones ecologistas, organizaciones de trabajadores, propietarios registrados de varios apartamentos no relacionados con Geafond y la propia Geafond.

El 7 de julio de 2023, el Consejo de Obras Públicas emitió un dictamen favorable a la propuesta de caducidad de la concesión. El 19 de julio de 2023, la Abogacía del Estado respaldó la propuesta.

El expediente de caducidad fue enviado al Consejo de Estado para su dictamen obligatorio el 20 de septiembre de 2023. Tras completar algunos trámites requeridos, el expediente fue reenviado al Consejo de Estado el 4 de diciembre de 2023.

El 15 de febrero de 2024, el Consejo de Estado dictaminó que procede declarar la caducidad de la concesión. Finalmente, el 27 de febrero de 2024, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró la caducidad de la concesión del complejo Oliva Beach.

Como resultado de la resolución de caducidad, la empresa concesionaria está obligada a retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre a su cargo. Sin embargo, la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos se ha suspendido mientras se aclara la situación jurídica de los 20 propietarios registrados de estos apartamentos que no tuvieron la oportunidad de solicitar la concesión compensatoria.

Según el dictamen favorable emitido por el Consejo de Estado el 15 de febrero, la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio corresponde al Estado, y no ha sido transferida a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares).