Estarán ubicadas en cada una de las Islas y se irán reforzando con personal en función de las necesidades de los gabinetes técnicos municipales.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias pondrá en marcha el 1 de septiembre las oficinas de apoyo a los gabinetes técnicos de los ayuntamientos, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.

Estas oficinas entrarán a funcionar en los municipios de Arrecife, Puerto del Rosario, San Sebastián de La Gomera, Valverde y Los Llanos de Aridane y su personal estará compuesto por juristas y arquitectos.

“En los próximos meses, las oficinas se irán dotando de más personal, en función de las necesidades profesionales que nos vayan trasladando los ayuntamientos y una vez que sepamos en qué expedientes de los gabinetes técnicos hay más volumen de trabajo”, señala la consejera Nieves Lady Barreto.

A mediados de septiembre, la Consejería dará inicio al plan de formación específico sobre la ley dirigido a técnicos municipales, insulares y del Gobierno de Canarias. El primer curso, organizado en colaboración con la Fecam, se impartirá en Gran Canaria y Tenerife y tendrá una duración de seis semanas y un marcado carácter práctico, ya que se analizarán los problemas reales a los que se enfrentan los cabildos y ayuntamientos a la hora de redactar sus planeamientos.

Habrá, igualmente, formación continuada en cada una de las islas, que se planificará en función de las necesidades que trasladen las administraciones locales para comenzar a impartirla en el próximo mes y medio.

“La apertura de las oficinas de apoyo y los cursos de formación son las medidas más inmediatas que pondremos en marcha con la entrada en vigor de la ley y se integran en un programa de acciones más amplio que iremos desarrollando en los próximos meses”, añade Barreto.

Reglamentos de desarrollo

Desde el pasado 1 de agosto, se encuentran abiertos a información pública los informes de consulta de los cinco reglamentos de desarrollo de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias. El plazo de exposición se prolongará hasta el 15 de septiembre y, a partir de esa fecha, los pasos a seguir serán la elaboración de los textos articulados, la solicitud de informes y la exposición pública para que los ciudadanos hagan sus alegaciones.

Los cinco reglamentos completarán aspectos del articulado de la Ley del que requieren de un desarrollo posterior para ser plenamente aplicables y ejecutables, como la creación, organización y funcionamiento del Registro de Planeamiento de Canarias; la regulación de los Instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística en aspectos como la participación institucional y ciudadana o la cooperación interadministrativa, entre otros; aspectos del régimen jurídico de la gestión urbanística, como la concreción de los plazos de ejecución del planeamiento; la articulación sistemática de los procedimientos administrativos a través de los cuales se ejercerán las potestades de intervención o la clarificación y precisión de las garantías que corresponden a los ciudadanos, y la organización y régimen jurídico del Observatorio del Paisaje de Canarias.

“La nueva Ley del Suelo y Espacios Naturales que hoy entra en vigor supone un antes y un después en la ordenación del territorio de las Islas y, con el desarrollo sostenible como principio fundamental, será la base sobre la que va a asentarse el futuro económico y social de Canarias”, señala Nieves Lady Barreto.

La norma simplifica procesos y trámites, garantiza en todo momento los procedimientos de evaluación, da seguridad jurídica y transparencia y mayor participación al ciudadano.

Supondrá un cambio fundamental, de manera especial, para el sector primario al que la nueva Ley ofrece vías para su necesaria profesionalización.

El sector agrícola y ganadero podrá beneficiarse, además, de la instalación de energías renovables y desarrollar en sus fincas actividades complementarias que generen rentas adicionales, como la restauración, la transformación y venta de sus productos o actividades turísticas alojativas, siempre que el Plan Insular lo contemple y que no supere las seis camas.