El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, reiteró que el nuevo acuerdo recogerá las infraestructuras viarias de interés general necesarias para el desarrollo de las Islas en los próximos años.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha insistido en que el nuevo convenio en materia de carreteras que negocia con el Ministerio de Fomento se caracteriza por ser un acuerdo “equilibrado” que atiende por igual la demanda de cada una de las Islas.

En relación con la dotación presupuestaria del nuevo acuerdo, que se deberá firmar antes de que finalice el presente año, Pablo Rodríguez indicó: “Estamos negociando un convenio de carreteras para los próximos ocho años, que podrá ser prorrogable, en el que se reflejan las obras más necesarias para el Archipiélago, proyectos tasados en torno a los 2.500 millones de euros”. En este sentido, el consejero especificó que las cantidades no pueden ser exactas dado que algunas de las infraestructuras que se reflejan en el documento todavía no tienen proyecto y, además, variarán dependiendo de los precios de licitación.

En esta línea, el vicepresidente apuntó que para las carreteras de Gran Canaria y Tenerife la estimación es que se supere la inversión de 700 millones de euros para nuevas obras en cada una de las dos islas. En el resto de las islas, también se atenderán las necesidades que el Gobierno de Canarias ha planteado al Estado, teniendo en cuenta las propuestas de los cabildos insulares en todas aquellas vías que sea posible incorporar al acuerdo por tratarse de carreteras de interés general.

El próximo encuentro para continuar con las negociaciones tendrá lugar este mismo mes de julio con la celebración de la Comisión Mixta Canarias-Estado para evaluar la ejecución de las obras en marcha que están contempladas en el convenio vigente. El consejero ha indicado que aprovechará la ocasión para solicitar al Ministerio un acuerdo paralelo en el que se comprometa a transferir a Canarias las cuantías que se han dejado de percibir desde 2012, cuando el Estado inició los recortes en las transferencias del convenio de carreteras.