El equipo directivo de Oasis Wildlife Fuerteventura ha reclamado al Gobierno de España la inclusión de los zoológicos y acuarios dentro de las ayudas que el Ejecutivo ha aprobado para el sector turístico y cultural.
Este centro de naturaleza, se une a la reclamación de los mas de 70 centros en España, agrupados en la asociación AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios), que han tenido que cesar su actividad pública durante esta crisis sanitaria.
Los zoológicos y acuarios han quedado fuera de la línea de financiación del ICO al sector turístico, en la que sí se hace mención explícita a actividades culturales y de ocio similares, generando una situación de inseguridad jurídica y un grave problema de continuidad de algunos centros, con el consiguiente peligro para los animales que en ellos habitan que necesitan continuar siendo atendidas.
“Desde que comenzó el estado de alerta, los zoológicos hemos tenido que seguir trabajando con equipos de contingencia, en nuestro caso de 50 personas, para velar por el bienestar diario de nuestras especies, más de 3.000 animales y 6.000 plantas”, ha asegurado Guacimara Cabrera, gerente del centro.
Los almacenes y cocinas de los parques zoológicos siguen funcionado como de costumbre para atender todas las dietas de los animales.
Las instalaciones se limpian y mantienen a diario. Los servicios veterinarios siguen funcionando. Es definitiva, la actividad no se ha parado pues los animales no pueden quedar desatendidos.
“Todos los parques zoológicos y acuarios de nuestro país permanecen cerrados al público, en cumplimiento de la declaración del estado de alarma, pero la vida de nuestros animales continúa y tenemos que seguir manteniendo sus rutinas, su alimentación, la ayuda psicológica, la atención médica, etc…”, ha subrayado Cabrera.
“El cierre de sus instalaciones supone una gran preocupación por la responsabilidad de garantizar el cuidado de estos animales, en una situación tan complicada como esta, y, además, porque, como tantas otras empresas del sector turístico, hemos visto congelado el flujo de visitantes y por tanto de ingresos en pleno inicio de la temporada”.
Excluídos del Real Decreto
El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, incluye que los destinatarios de la línea de financiación ICO a Empresas y Emprendedores, serán las empresas cuya actividad se encuadre en una serie de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) del sector turístico. Los zoológicos y parques naturales se contemplan en el CNAE 9104, sin embargo no constan como beneficiarios de estas ayudas en el Real Decreto aprobado.
“El Gobierno debe dar una explicación sobre esta exclusión y garantizar su apoyo a centros que, como el nuestro, velan por la conservación de especies en peligro, trabajando con importantes programas nacionales e internacionales”, ha añadido Cabrera.
Un sector repetidamente afectado
Como señala la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios, es sabido que estos centros representan un evidente atractivo turístico en aquellas zonas en las que están presentes.
El hecho de que hayan quedado fuera de la línea de financiación del ICO al sector turístico y actividades conexas, en la que sí se hace mención explícita a actividades culturales y de ocio similares a la nuestra, genera una situación de inseguridad jurídica, y hace dudar de la verdadera apreciación del Gobierno respecto a la magnitud que supone el cierre de todas las instalaciones de zoos y acuarios del país, con unas colecciones de animales que necesitan continuar siendo atendidas.
El impacto que pueda tener la actual situación sobre los parques zoológicos y acuarios españoles, según estimaciones de AIZA, es preocupante al no haber entrada de visitantes y tener que seguir manteniendo la actividad. Una situación que de prolongarse mucho puede afectar a muchos centros que pueden ver amenazando la supervivencia del sector en nuestro país. Un sector encargado de la conservación y cuidado de un gran número de especies amenazadas.
El sector ya sufrió un fuerte impacto en 2012 cuando su actividad fue sometida a un tipo impositivo general del 21% bajo el argumento de la necesaria contribución para superar las dificultades económicas coyunturales derivadas de la entonces crisis económica.
Ahora con el cierre y la suspensión de la actividad nos vemos abocados de nuevo a una complicada situación para un sector que ya sufrió una caída de ingresos, y que no recibe subvención alguna para el desarrollo de su actividad.
