En el día de hoy ha sido oficialmente dada de alta la Plataforma de Afectados por la Ocupación “Leyantiocupas”, de ámbito nacional, que nace con el fin de promover de manera urgente una ley que defienda los derechos de las víctimas del os delitos de usurpación, allanamiento e impago voluntario del alquiler, sistemáticamente vulnerados, y acabe definitivamente con la lacra de la ocupación ilegal en España, que durante décadas viene arramblando con el derecho fundamental a la propiedad privada, generando verdaderos dramas en el seno de las familias españolas y de la sociedad en general, en forma de gravosidad económica, inseguridad, delincuencia, insalubridad y, en definitiva, grave deterioro de la convivencia, decadencia y menoscabo de la paz social y la prosperidad de los pueblos.
Desde hace algunos días la Plataforma de Afectados por la Ocupación “Leyantiocupas” viene celebrando reuniones con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, con el fin de hacer llegar a los representantes políticos la urgente necesidad de poner soluciones definitivas a esta terrible lacra que ha destrozado la vida de millones de españoles que han sufrido la conculcación sistemática y crónica de sus derechos fundamentales como consecuencia de una legislación excesivamente permisiva con el delito de ocupación ilegal, encontrándonos, en el momento actual, con normativas nacionales, autonómicas y locales que incluso promueven la comisión del mismo, premiando a sus actores y castigando a sus víctimas. El mundo al revés.
La Plataforma de afectados por la Ocupación “Leyantiocupas” nace como respuesta a este grave atentado contra la dignidad individual y social, con el firme propósito de devolver a los españoles su derecho a la propiedad privada, a la seguridad ciudadana, a la convivencia en paz, a la prosperidad y a la libertad.
Para ello, la plataforma está planificando acciones en diferentes vertientes, a lo largo y ancho de todo el espectro institucional, desde las administraciones nacionales, autonómicas y locales, tanto legislativas, ejecutivas, como judiciales, hasta las compañías comercializadoras y suministradoras de agua, energía y telecomunicaciones. Nos encontramos ante un problema de tal envergadura y repercusión social que no puede quedar sin involucrar ni un solo órgano público ni privado con la más tibia competencia en el mismo.
Del mismo modo, esta plataforma desea hacer un llamamiento expreso a los medios de comunicación solicitando su colaboración y compromiso en la tarea de visibilizar una lacra que ha minado la prosperidad y la paz social en España.
Algunas de las medidas que se están trasladando a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados pasan por la creación de un número de teléfono nacional único que facilite la denuncia y el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales, en el marco de una ley que permita la intervención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización judicial previa, como ya se viene haciendo en Baleares por instrucción expresa de su Fiscalía Superior.
Asimismo, es necesario que el nuevo marco legal impida el empadronamiento de los ocupantes ilegales en los inmuebles ocupados, así como la concesión de subvenciones a todos aquellos individuos incriminados en la comisión de este hecho delictivo. Por el contrario, los daños materiales, y las cuantiosas pérdidas económicas sufridas por las verdaderas víctimas de este drama, los propietarios de los inmuebles ocupados y sus vecinos, sí hacen necesarias ayudas convenientemente peritadas por la administración pública.
La flagrante gravosidad económica que sufren los afectados por la ocupación ilegal hacen necesario y urgente la exención de todo tipo de impuestos municipales y pago de suministros, cantidades, que junto al coste de los daños materiales y gastos procesales, deberán ser repercutidas a los ocupantes ilegales en sus condenas judiciales tras su inmediato desalojo.
Por otra parte, el nuevo texto que el Parlamento acuerde debería contemplar medidas preceptivas para las compañías comercializadoras y suministradoras de agua, energía y telecomunicaciones, como la comprobación exhaustiva de la identidad de los clientes contratantes, así como de los documentos que acrediten su derecho al uso del inmueble suministrado, tanto si se trata de propietarios como de arrendatarios, de modo que no incurran en la formalización de contratos de suministro ilegales, como en la actualidad viene ocurriendo de manera generalizada. Además, habida cuenta de la ingente cantidad de suministros ilegales que tan injustamente diezman la capacidad económica y de gestión de las comunidades de vecinos, es fundamental que éstas también sean eximidas por ley de los costes originados por los excedentes de consumo derivados de dichos enganches ilegales.
Los innumerables perjuicios causados a terceros, tanto en el ámbito de las comunidades de vecinos, como del entorno en general, hacen necesaria la inmediata intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con independencia de la naturaleza de la titularidad de la propiedad de los inmuebles ocupados, aún incluso tratándose de entidades bancarias o fondos de inversión, respecto a los que, por otra parte, el nuevo texto debería contemplar medidas de prevención encaminadas a contar con su compromiso para evitar reocupaciones.
En el plano autonómico, la Plataforma de Afectados por la Ocupación “Leyantiocupas” va a trasladar a los grupos que componen los diferentes parlamentos regionales medidas urgentes ajustadas a sus competencias, encaminadas a la desocupación masiva de las viviendas sociales, que durante décadas vienen dilapidando el derecho a una vivienda digna para quien realmente la necesita.
En efecto, en pleno siglo XXI asistimos atónitos a una aberrante perversión del concepto de vulnerabilidad social, que deja en la calle a las personas que necesitan un techo digno, mientras sostiene y da cobertura a los más peligrosos entramados de delincuencia organizada, que campan a sus anchas en los narcopisos ocupados.
Esta plataforma pretende alertar y dar también visibilidad a una nueva estrategia de ocupación ilegal disfrazada de alquiler, que utiliza espuriamente la artimaña de arrendar una vivienda sin la menor voluntad de afrontar el pago de la renta desde el primer mes. Los llamados “inquiokupas”, que en modo alguno debemos asociar con casos de impago debido a circunstancias de vulnerabilidad sobrevenida, están cada vez más presentes en nuestro día a día, encontrando en esta modalidad una manera de entrar en las viviendas sin violencia, pero con las consecuencias igual de nefastas que en la ocupación ilegal para los propietarios y el entorno cercano.
Finalmente, la Plataforma de Afectados por la Ocupación “Leyantiocupas” pide la creación de un registro nacional de ocupantes ilegales, conectado con todas las administraciones regionales y locales, y por supuesto, con la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que contribuya a tener perfectamente identificados a estos delincuentes, de manera que puedan ser debidamente castigados en su reincidencia.
En definitiva, “Leyantiocupas” urge al Poder Legislativo una reforma que acabe definitivamente con este grave problema, interconectando a todos los estamentos del Estado para ofrecer una respuesta rápida, eficaz, uniforme y consistente con toda la legislación que guarde alguna relación con el mismo.
Plataforma Nacional de Afectados por la Ocupación Ilegal “Leyantiocupas”.
