Insta a los medios a contrastar los datos y silenciar los bulos.

Desde la Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación Vivas somos conscientes de la enorme responsabilidad social de los medios de comunicación, por eso creemos que estos no deben hacerse eco de las falsedades que se utilicen como táctica política ni amparar opiniones desinformadas y maliciosas.

Defendemos que cualquier posición política que encaje en la legislación vigente es legítima y digna de ser incluida en la agenda pública de los medios de comunicación. Y, en ese contexto, son las organizaciones políticas las que libremente marcan su estrategia. Sin embargo, hay que recordar que son los medios de comunicación los que seleccionan las opiniones relevantes y los datos  contrastados para contribuir a la formación de un debate público.

En concreto queremos referirnos a las mentiras y tergiversaciones que se han difundido en torno al feminismo y la violencia de género en las últimas semanas en algunos medios de comunicación en forma de declaraciones políticas.

Informaciones y opiniones que niegan, además, la existencia de una violencia estructural contra las mujeres por el hecho de ser mujeres así como la desigualdad social existente.

Hechos y datos que son asumidos no solo por todos los partidos firmantes del Pacto Contra la Violencia de Género en España, sino por instituciones y organizaciones europeas e internacionales.

Tratar la violencia de género como violencia doméstica no solo es retroceder en el tiempo sino saltarse la legislación y romper ese consenso alcanzado.

Por ello pedimos a los medios de comunicación:

Que contrasten las cifras de violencia de género con fuentes oficiales y fidedignas y no reproduzcan bulos.

Entre estas fuentes cabe destacar las estadísticas del Ministerio del Interior sobre agresiones sexuales, la memoria anual de la Fiscalía para los datos de las denuncias (incluidas las falsas) así como las cifras que ofrece el Ministerio de Igualdad o el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Que acudan a personas expertas en Derecho antes de difundir opiniones de la clase política sobre conceptos complejos como la presunción de inocencia de los agresores o la “inversión de la carga de la prueba”, entre otros.

Como profesionales de la comunicación no tenemos la obligación de conocer los mecanismos de protección o ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, pero sí debemos asesorarnos con personas expertas sobre cómo funcionan realmente antes de difundir opiniones de algunas organizaciones políticas que manifiestamente ponen en duda su eficacia o necesidad.

Los presupuestos que se dedican tanto a la lucha contra la violencia de género como a las asociaciones feministas son públicos.

Por lo tanto, si alguna organización política habla de cantidades concretas nuestra obligación es contrastar las cifras con las fuentes oficiales y no reproducirla sin más.

Les recordamos que existen a disposición de los medios de comunicación innumerables guías elaboradas por personas expertas que recogen recomendaciones sobre cómo tratar los casos de violencia de género.