Nuevas imágenes del estado de perros de caza y otros animales en terrenos presuntamente públicos, demuestran la situación lamentable a las que se ven obligados a vivir.

PACMA reclama una nueva Ley de Protección Animal para Canarias que ponga fin a la situación.

El Partido Animalista lleva meses recopilando contenido documentado por activistas independientes y voluntarios del partido sobre la situación de perros y cabras congregados en barrancos y otros espacios públicos. Estas imágenes han servido para registrar denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con el estado físico y mental de los animales, así como por contaminación del entorno. Pese a superar la decena de denuncias, la administración no ha hecho nada y tras la inspección de estos zulos el informe que se emite asegura que no existe maltrato alguno. Sin embargo, las imágenes del estado de estos animales no dejan lugar a dudas y hacen necesaria una nueva Ley de Protección y Bienestar para los Animales en Canarias que ponga fin a casos como estos.

Todos los asentamientos visitados presentan un patrón similar: cuevas o chamizos construidos con palés, chapas, vallas y somieres, restos de material de obra, agua mohosa, ausencia de comida y cadenas oxidadas. Estos animales estarían, presuntamente, destinados a la caza o la explotación ganadera en todos los casos.

Estas prácticas están políticamente aceptadas en Canarias a pesar de tratarse de la ocupación de un espacio público para la explotación privada. “Estas explotaciones son denunciadas una y otra vez por protectoras y particulares, no sólo por el estado en el que se encuentran los animales, sino por la suciedad y los desperdicios que esparcen por los barrancos cuyo cauce termina en el mar. La policía, por lo general, las visita, comprueba que los animales tienen chip y vacunas y emite un informe positivo sin tener en cuenta las condiciones de inmundicia o la titularidad del terreno”, explica Yolanda Morales, coordinadora de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Pese a vallar los terrenos públicos colocan carteles de “prohibido el paso”. “Esto no sólo supone una presunta apropiación indebida de un terreno con el beneplácito de las autoridades. Incluso en caso de riada, los animales serían arrastrados por la corriente violentamente y morirían entre los escombros. Por este motivo la construcción en los cauces de los barrancos no está permitida”, comenta Iris Sánchez, coordinadora de la provincia de Las Palmas.

El Partido Animalista asegura que la situación en Canarias es desalentadora por la falta de interés político en regular estas situaciones, y espera, a través de estas denuncias y su publicación, generar indignación contra este drama, con el fin de cambiar la calidad de vida de los animales que, actualmente, no están respaldados políticamente.