Se suman así a la oposición mostrada por otros colegios profesionales de las islas como los provinciales de médicos, enfermeros, dentistas y farmacéuticos.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC), sumándose a las críticas de otros colegios de profesionales vinculados a la sanidad, solicita también al Ayuntamiento de Teguise que reflexione y paralice la campaña “La Graciosa sin humo”, fruto de su colaboración con la tabacalera Philips Morris International.

“Es inaceptable que esta multinacional del tabaco pretenda utilizar la imagen de La Graciosa para sus campañas publicitarias, dando visibilidad a sus productos y fomentando nuevas formas de consumo como son los dispositivos de vapeo”, señalan desde la Comisión de Fisioterapia Respiratoria, que advierten que “también tienen efectos nocivos para la población, mantienen la dependencia de quienes los utilizan y son perjudiciales para la salud pulmonar”.

Desde el COFC subrayan que los dispositivos de vapeo contienen igualmente compuestos químicos y tóxicos, que al final son tan adictivos como el tabaco tradicional. Puntualizan que “ningún profesional sanitario puede recomendar la sustitución del tabaco por tabaco calentado o cigarrillos electrónicos”.

Por eso, se suma a las voces que han pedido ya una rectificación al Consistorio de Teguise, advirtiendo que la campaña “mancha la imagen turística de La Graciosa y la de Canarias en su conjunto”.

“Como profesionales sanitarios también debemos posicionarnos ante este tipo de campañas que hacen publicidad de consumo de productos que puede perjudicar la salud de la población. Apoyamos totalmente la posición de la Asociación Canaria de Neumología y Cirugía Torácica (NEUMOCAN), de la que forman parte muchos de nuestros colegiados especializados en Fisioterapia Respiratoria en su iniciativa de que sea retirada esta campaña”, asegura la Junta de Gobierno del COFC.

Tal y como asevera NEUMOCAN, esta campaña contraviene el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, un tratado que España firmó en el 2003. Sus directrices insisten en restringir cualquier forma de incentivo o participación en acontecimientos y actividades en los que intervengan empresas tabacaleras.