José Antonio Cabrera. ASSOPRESS
Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los cuatro municipios con mayor población de Canarias, han decidido solicitar la creación de una ‘ventanilla única’ a las empresas suministradoras de energía eléctrica para facilitar la tramitación del bono social eléctrico por parte de las personas con dificultades para afrontar el pago de la luz.
La propuesta ha sido acordada en la reunión que han mantenido este jueves los ediles de Servicios Sociales, Jacinto Ortega, Diego Ojeda, Óscar García y Flora Marrero, para analizar las dificultades de los ayuntamientos para asumir la carga de trabajo y financiación derivada del nuevo Bono Social Eléctrico.
Los ediles explicaron que los cuatro ayuntamientos pedirán una reunión con el Gobierno de Canarias, la Fecam y las eléctricas para solicitarles que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono con el que las familias podrán obtener un descuento de hasta un 40% en su factura de luz, evitando así que los usuarios tengan que realizar una peregrinación por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias.
Asimismo, piden que sea el Gobierno de Canarias quien expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es quien tiene asumidas estas competencias. El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de las víctimas de terrorismo.
Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son además las localidades con el mayor número de beneficiarios de los servicios sociales con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales. Los cambios derivados del Real Decreto del Bono Social suponen para estos consistorios un aumento considerable de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social porque se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de este bono y la mayor parte de ellas residen en estos municipios.
Estos cambios, puntualizaron, no solo beneficiará a los cuatro ayuntamientos con más población, sino al resto de los 84 municipios canarios.
Otro de los asuntos abordados en la reunión de trabajo fue solicitar una mayor flexibilidad en los plazos establecidos para ejecutar y justificar los proyectos de Bienestar Social del año 2018. Según apuntaron, las administraciones locales encuentran serias dificultades para cumplir estos requisitos y temen perder la financiación que les permitirá poner en marcha proyectos y aumentar ayudas que complementen las acciones que ya se están realizando desde los distintos ayuntamientos. Los representantes de los cuatro consistorios reclaman que estos proyectos puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre.
