La Audiencia de Cuentas aplica la metodología del Tribunal de Cuentas Europeo en la fiscalización medioambiental de los cabildos insulares.
La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha aplicado la metodología utilizada por el Tribunal de Cuentas Europeo en la fiscalización operativa de la adaptación de las Islas Canarias al cambio climático durante los ejercicios 2017 y 2018, cuyo informe será remitido en breve al pleno del órgano de control externo canario para su aprobación definitiva.
Para ello, la ACC contó con el asesoramiento permanente de la auditora del Tribunal de Cuentas Europeo Katharina Bryan, quien se desplazó en varias ocasiones a la sede de la institución en Santa Cruz de Tenerife para colaborar con los técnicos de auditoría del Área de Cabildos Insulares, responsables de la fiscalización.
El procedimiento aplicado por los auditores de la Audiencia de Cuentas ha supuesto una innovación sustancial del trabajo desarrollado habitualmente por el órgano de control externo canario. Gran parte de la labor fiscalizadora se dedicó a la fase de planificación, de mayor extensión de lo habitual, en la que se estudió ampliamente la normativa medioambiental, así como informes de organismos internacionales y de auditoría de otras instituciones de control externo relacionados con la materia.
Asimismo, se contó con las partes interesadas a través de reuniones mantenidas con personas externas al equipo de fiscalización para definir las preguntas de auditoría y extraer conclusiones. Para ello, se celebraron encuentros con medio centenar de responsables de medio ambiente de los siete cabildos y de las reservas de la biosfera, así como con personal de otras instituciones, expertos universitarios y representantes de organizaciones ecologistas.
Entre las cuestiones planteadas en la auditoría a los Cabildos insulares destacan la implementación de medidas para luchar contra el cambio climático y su financiación, así como el seguimiento posterior a la puesta en marcha de acciones correctoras.
Los cabildos insulares cuentan con competencias en adaptación al cambio climático, frente al que las Islas presentan una alta vulnerabilidad, en materia de ordenación del territorio, urbanismo, transporte, infraestructuras, servicios forestales, protección del medioambiente y espacios naturales protegidos, entre otras.
Se ha publicado un artículo sobre este trabajo en la Revista 3/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo “Auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¡Es hora de actuar!”