La iniciativa está subvencionada con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, periodo en el que se aspira a resolver de forma satisfactoria, al menos, 28 de 50 procesos. Si la valoración para entonces es positiva se podría prorrogar y extender al resto del Archipiélago.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presentó ayer viernes la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación para la resolución amistosa de conflictos en el ámbito mercantil, acto celebrado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. También acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el presidente de esa institución, José Sánchez Tinoco, y el secretario general de la misma, Luis Padrón.

Pérez explicó que el proyecto está subvencionado con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e incluye la realización de unas jornadas de formación y capacitación de los mediadores que se ha llevado a cabo recientemente, así como la designación y compensación económica que estos recibirán por sus servicios. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, tras lo cual se valorarán sus resultados que, si resultan positivos, permitirían su prórroga y extensión al resto del Archipiélago. La meta, explicó Vallejo, es alcanzar un resultado satisfactorio en, al menos, 28 de 50 procesos.

El consejero indicó que la Consejería apuesta, en consonancia con el mandato contemplado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, por promover mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos con la puesta en marcha de esta iniciativa en uno de los ámbitos que, de forma más intensa, está viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria.

Para Pérez, resulta llamativo que este tipo de medidas tiene más demanda en la resolución de conflictos de tipo familiar que los de otros tipo, como el mercantil, y explicó que su impulso contribuiría a aliviar la presión que reciben los órganos judiciales de la materia. Al respecto, Vallejo indicó que cada tribunal mercantil aborda, de media, unas 600 causas al año, lo que explica la importancia de este proyecto.

Además, aludió a un argumento de carácter político y moral en apoyo a la mediación: La mejor solución de los conflictos sociales no siempre es que se resuelvan mediante un combate a cuyo término haya un ganador y un perdedor, sino que es mejor, y más fácil de ejecutar, por un acuerdo entre las partes. También se sirve a la justicia, y a la seguridad, a través de la mediación, remarcó.

En este sentido, Pérez indicó que es necesario contar con una estructura ágil que dé respuesta a los conflictos existentes entre las partes. Por ello, la Consejería apuesta por impulsar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflicto mediante el recurso a la mediación, que es un instrumento que permite a las partes obtener una solución consensuada y no traumática a su conflicto, y de mucho más fácil ejecución. Señaló que se trata de una fórmula más rápida y barata que un proceso judicial que, además, concluye con una sentencia que requiere ser ejecutada, mientras que en la mediación no sucede lo mismo.

De esta manera, enfatizó, se permite aligerar la carga de los juzgados mercantiles, a lo que Vallejo añadió que, en el caso de la provincia de las Palmas, casi dobla la que se considera como carga máxima adecuada por el Consejo General del Poder Judicial.

El proyecto, realizado en coordinación con los dos juzgados de lo mercantil de la provincia, prevé que estos órganos judiciales puedan derivar al servicio de mediación de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria procesos en el que ambas partes sean empresarios y tengan su domicilio en la Isla, así como aquellos procesos referidos a procedimientos de propiedad industrial en los que los juzgados de lo mercantil de las Palmas tienen competencia en toda la Comunidad Autónoma.

Serán los órganos judiciales quienes decidan qué procesos deben ser derivados a mediación, informando a las partes de la existencia de este proceso, que será totalmente gratuito para ellas.

Por su parte, la Cámara de Comercio será la encargada de designar a los mediadores y actuar como interlocutora con los órganos judiciales. De igual modo también podrá activar servicios de mediación extrajudicial, en los que las partes acudan directamente a la Cámara para resolver su conflicto cuando este no haya sido judicializado.