El director general de Relaciones con la Administración de Justicia explica que la decisión de no prorrogar el contrato actual busca acelerar una solución a favor de la plantilla afectada, que incluye la posibilidad de pedir un adelanto del sueldo.
El director general de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno canario, Cesáreo Rodríguez, informó hoy de la decisión de no prorrogar el contrato con la empresa actual que presta el servicio de vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. En su lugar, ha optado por contratar otras empresas a partir del 1 de enero de 2018 que garantizan el sueldo de los trabajadores que realizan esas funciones hasta que se complete el proceso de adjudicación definitivo, previsto para el primer trimestre del próximo año. En concreto, se trata de Securitas en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Prosegur en Las Palmas.
Como se recordará, el Gobierno abrió un proceso de diálogo con la empresa actual ante las quejas recibidas en el sentido de que parte del personal venía sufriendo retrasos en el cobro de sus sueldos. El Ejecutivo de Canarias dejó claro desde el inicio de esta situación que la Administración siempre ha cumplido sus obligaciones con la empresa y se mostró solidaria con las trabajadoras y los trabajadores afectados.
La contratación que ahora se celebra de forma provisional, hasta que se produzca la adjudicación definitiva del servicio, forma parte de las actuaciones puesta en marcha por la Dirección General de Relaciones con la Justicia a favor de las personas afectadas. En este sentido, el acuerdo con la empresa incluye la posibilidad de solicitar un adelanto del sueldo correspondiente a enero.
El pasado 21 de noviembre, Rodríguez anunció la publicación en el perfil del contratante del pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada. Con un presupuesto de 9.063.880,24 euros (sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario –IGIC-), tendrá un plazo de dos años que podrá ser prorrogado por otros dos años y se prohíbe la subcontratación parcial.
Entonces, el director general explicó que ese pliego garantiza la igualdad de condiciones al competir por la contratación, si bien busca dificultar la eventual adjudicación a empresas que, pudiendo cumplir los requisitos técnicos, incumplan las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores y se refirió, en concreto, a la imposición de carácter esencial de aplicar a la totalidad de la plantilla que ejecutará el servicio las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor (Convenio estatal para las empresas de seguridad, BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2015) o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo.
Aclaró asimismo que el pliego establece la obligación de respetar el abono del salario mensual a los trabajadores en el período correspondiente y que dedica especial atención a la aplicación de las tablas salariales y a la fecha de pago de las nóminas, previéndose una serie de penalidades en caso de incumplimiento, pudiendo llegar a la resolución del contrato.
