La senadora nacionalista asegura, en relación al traslado de animales de experimentación hacia o desde Canarias, que resulta “alarmante la falta de compromiso del Gobierno de España con la investigación para hacer competitivas a las Islas. Si no hay impedimento legal para el traslado de animales y solo depende de una compañía aérea comercial, no entendemos que el Gobierno no haga nada al respecto. El interés general debe prevalecer sobre el interés comercial”

La senadora del Grupo Parlamentario Nacionalista en la Cámara Alta, María del Mar Julios, se mostró sumanente “decepcionada” por la respuesta dada por el Gobierno de España en la Comisión de Fomento de la Cámara Alta respecto a la situación del nuevo convenio de carreteras Canarias-Estado, quien respondió en sede parlamentaria a la pregunta de la senadora “que se sigue negociando, que no hay presupuesto y está prorrogado el anterior”. Y eso a pesar de que dicho convenio “se viene negociando desde hace muchos meses y toda la información requerida al Gobierno de Canarias la tiene el Ministerio”, apuntó.

Hasta el momento solo se ha firmado una adenda al convenio que ya expiró y no un nuevo convenio de carreteras, que sigue pendiente de firma y renovación entre Canarias y el Estado. Y ello a pesar de “la preocupación expresada unánimemente y públicamente por amplios sectores sociales y económicos de las islas”, recordó María del Mar Julios durante su intervención de la Comisión de Fomento, quien sigue sin explicarse “las razones del retraso por parte del ministerio o si el impedimento se debe al Ministerio de Hacienda y es éste el causante de dilatar este proceso”.

El debate sobre el nuevo convenio de Carreteras para Canarias se trasladó ayer al Parlamento de Canarias, “porque es un asunto que nos preocupa. La sociedad Canaria tiene derecho a saber qué es lo que está pasando y porque el Gobierno de España no cumple con el compromiso adquirido”, advirtió Julios durante su comparecencia.

“Un compromiso” -indicó la senadoras nacionalista-, “adquirido por el señor Rajoy en el acuerdo de investidura, en la firma de la Agenda Canaria y en las múltiples reuniones mantenidas por ambos gobiernos”. Y lo recoge además la exposición contenida en la adenda, que señala, apuntó Julios, que “con el fin de poder negociar nuevas actuaciones en materia de carreteras, en enero del 2018 se negociará un nuevo convenio para financiar las nuevas actuaciones”. La propia adenda hace incluso referencia a que las obras del anejo III  del convenio, que son sobre obra nueva no realizada, “pasarán a ser objeto de un nuevo convenio”, añadió la senadora.

La senadora del Grupo Parlamentario Nacionalista en la Cámara Alta recordó que el convenio anterior data del 2006, “hace ya más de doce años, que fue el plazo fijado”. El citado convenio se firmó en virtud de las obligaciones del Gobierno del Estado recogidas en la Ley del Régimen Económico y Fiscal, tanto la Ley del 91, en sus artículos 95 y 96, como en el artículo 12 de la Ley del 94. “El REF de Canarias hay que cumplirlo y dichos artículo siguen aún vigente”, matizó Julios, quien apuntó que en la sociedad canaria se ha producido un rechazo a los anteriores gobiernos del PP que en la práctica dejaron de financiar las obras comprometidas en dicho convenio, incluso obras que ya estaban adjudicadas, en ejecución y por tanto con compromisos de pagos”.

“Como tampoco podemos olvidar” -añadió Julios-, “las nefastas declaraciones de altos cargos de anteriores gobiernos del PP, incluso de dirigentes del PP en Canarias, que justificaban el incumplimiento diciendo que el Estado no tenía compromisos con las carreteras Canarias, pues no teníamos carreteras de interés general del Estado, ya que nuestras carreteras no comunicaban con ninguna otra CCAA”.

La senadora nacionalista recordó al Gobierno del Estado que “el REF les obliga a invertir en Canarias la misma media de inversión que realizan en el resto de las CCAA de España, en donde la inversión en carreteras, en AVE o en puertos y aeropuertos, son cuantiosas”. De igual forma, hizo mención  a las necesidades de infraestructuras que tiene Canarias; a las razones objetivas para mejorar la movilidad y seguridad “para avanzar en la cohesión social, territorial  y económica a la que los ciudadanos de Canarias tenemos derecho”.

El propio Tribunal  Supremo, en una sentencia muy reciente, dio la razón a Canarias y obliga al Estado a pagar a las Islas por el incumplimiento del Convenio. (138 millones correspondientes al 2012). También son numerosas las reuniones mantenidas entre el consejero de Obras Públicas de Canarias y el Ministerio, “pero estamos ya en febrero y el convenio no se ha firmado”, advirtió María del Mar Julios.

Desde el pasado 20 de julio en la Comisión Bilateral se alcanzó un acuerdo para que el nuevo convenio, valorado en cerca de 2.500 millones de euros y con una temporalidad semejante a la del anterior, se firmase antes de finalizar el año 2017. “Y la situación actual es que el Gobierno de Canarias puede gastar este año unos 101 millones producto de la prórroga, pero los 118 restantes que están en los presupuestos de la CCAA necesitan de una norma para poderse comprometer”, aseguró Julios.

En dicha reunión, también adquiere el Gobierno de España “el compromiso de liquidar las cantidades que se adeudan a Canarias del convenio aún vigente. Cosa que ahora además de ser un compromiso político es un compromiso legal”, advirtió la senadora canaria, quien indicó que en la última reunión del pasado mes de octubre, el ministro de Fomento, “se comprometió  además de a firmar ya el convenio, a asegurar recursos para los proyectos previstos de ejecutar  para 2018”.

Sin un nuevo convenio de carreteras, Canarias no podrá concursar obra nueva, por lo que “no conocemos impedimento jurídico para que se firme el convenio aunque los presupuestos estén prorrogados”, subrayó María de Mar Julios.

El convenio es un marco plurianual, para garantizar seguridad jurídica y financiera de aquellas carreteras que requieren de varios años para ser ejecutadas, como es la segunda fase de la carretera de Agaete y la Aldea, el cierre del anillo insular de Tenerife o el eje Norte-Sur en Fuerteventura. “Obras que necesitan garantías para ser licitadas en unos casos y en otras garantías de que se puedan continuar en los próximos años”.

Para Canarias es vital, es prioritario dar continuidad a las infraestructuras ya en marcha y acometer las nuevas priorizadas, “y la seguridad jurídica para que las obras puedan ser acometidas solo se alcanzará firmando el nuevo convenio de carreteras con el Estado. Canarias corre el peligro de  quedarse sin nuevos concursos para carreteras en el presente año si no se firma el nuevo convenio Canarias-Estado”, concluyó.

Portazo a la investigación en Canarias. En el marco de la misma Comisión de Fomento que se celebró en la Cámara Alta, la senadora de CC-PNC preguntó acerca de las gestiones que se están realizando por parte del Ministerio para dar una solución urgente a la negativa de las compañías aéreas, tanto Air Europa como Iberia, para el traslado de animales de experimentación hacia o desde Canarias, situación que está poniendo en riesgo muchos proyectos de investigación, financiados incluso con presupuestos de la Unión Europea o del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. Una situación que la senadora canaria tildó de “alarmante por la falta de compromiso con la investigación del Gobierno de España para hacer competitivas a las Islas. Si no hay impedimento legal para el traslado de animales, no entendemos que solo dependa de una compañía aérea comercial y que el Gobierno no haga nada al respecto. El interés general debe prevalecer sobre el interés comercial”.

A las ya importantes limitaciones con las que se encuentra la investigación científica en Canarias, producto de la lejanía del Archipiélago al Continente Europeo y  por tanto a los diferentes centros de investigación de Europa y América, así como a la propia fragmentación del archipiélago  con la que día a día se enfrentan nuestros investigadores y centros de investigación, se le ha sumado un nuevo y grave problema, que ni se ha resuelto adecuadamente ni definitivamente. “El problema añadido es el ocasionado por la negativa de las compañías de trasporte aéreo que operan en Canarias a trasportar animales de laboratorios para la experimentación, tanto para salir de Canarias hacia otros centros de investigación en territorio continental, como viceversa”, explicó María del Mar Julios, para quien “el trasporte aéreo es el único método para que estos animales puedan llegar o salir de las islas”.

Esta situación está poniendo en riesgo muchos proyectos de investigación, “cuya financiación costó mucho conseguir en un contexto cada vez más competitivo. Hablamos de proyectos, donde los investigadores canarios con mucho esfuerzo han conseguido financiación en convocatorias de la Unión Europea o del propio Ministerio de economía, industria y competitividad del gobierno de España. Son proyecto de investigación que están en marcha y que peligra su continuidad”, apuntó la senadora nacionalista.

A pesar de que el Secretario de Estado presente en la Cámara Alta aseguró “que el problema estaba resuelto porque una compañía aérea ya lo está haciendo”, la senadora nacionalista le recordó que hasta la fecha solo una compañía permite este tipo de transportes y “solo desde Madrid. Con los laboratorios de Barcelona hay que hacer primero un viaje por tierra, y el coste del transporte es muy superior al precio de los pequeños animales que se trasportan”, apuntó María del Mar Julios, quien advirtió que hay única compañía y los precios son inaccesibles para una investigación que tiene una financiación fija y que desde luego no contempla este sobrecoste”.

A modo de ejemplo, la senadora canaria mostró una factura de una unidad de investigación de uno de los hospitales canarios, con el coste de unos 25 animales, entre ratas y ratones, que asciende a 432 euros por la compra de los animales. “El coste total de los animales para poderlos trasladar a Canarias es de 2.915 euros. El sobrecoste es de cerca del 700% del valor del animal. O dicho de otra manera, los animalitos solo cuestan el 14,8% el coste total. Nos parece un abuso que sin duda impide competir a los investigadores canarios”.

Julios manifestó que “es necesario buscar una solución urgente y definitiva, y para ello se requiere de la intervención de los correspondientes departamentos del Gobierno de España con responsabilidades en esta materia”, concluyó.