El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. La norma —según detalla el Gobierno de España— permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que reducirá su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinarse al Estado del Bienestar y facilitará a las regiones ganar autonomía financiera al permitir su salida a los mercados.
En el caso de Canarias, la condonación de deuda alcanza los 3.259 millones de euros, lo que supone una reducción del 50% respecto a la deuda registrada al cierre de 2023. Según los datos del Gobierno español, esta cifra convierte a Canarias en la comunidad con mayor reducción porcentual de deuda mediante esta medida.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado la norma de “inédita” y “excepcional” y ha explicado que su objetivo es corregir el sobreendeudamiento que sufrieron las Comunidades Autónomas durante la crisis financiera por la falta de recursos del Gobierno anterior, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. El Gobierno de España ha subrayado que, en contraste, las comunidades han recibido 300.000 millones de euros adicionales en siete años de Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años de Gobierno conservador.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha señalado que la norma beneficiará a todas las comunidades, tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y se enmarca en la política de apoyo financiero a las administraciones territoriales aplicada por el Ejecutivo desde 2018.
En este sentido, la ministra ha recordado otras medidas “inéditas” del Gobierno en favor de las comunidades, como los 30.000 millones de euros de los fondos COVID, que no debieron devolverse, a diferencia de los préstamos del FLA adoptados por el Ejecutivo anterior y que, según Montero, generaron el origen del sobreendeudamiento que ahora busca corregir el Anteproyecto de Ley. Además, mencionó el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 “como si no hubiera habido pandemia”, lo que generó unas liquidaciones negativas de 4.000 millones que el Estado asumió, evitando que las Comunidades Autónomas tuvieran que devolver esa cantidad.
Según el Ejecutivo, estas políticas han permitido que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, Canarias haya recibido 17.707 millones de euros más de recursos —excluyendo los fondos europeos— que en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy. Entre las medidas citadas se incluyen 1.180 millones transferidos por los fondos COVID y 1.144 millones del fondo de apoyo a empresas durante la pandemia que el Gobierno español transfirió al canario, entre otras actuaciones.
El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley que permite al Estado asumir 83.252 M€ de deuda de las comunidades autónomas, gracias a la buena marcha de la economía española.
Una medida excepcional que beneficiará a todas las CC.AA.
Así lo explica la vicepresidenta @mjmonteroc pic.twitter.com/jnwZzqDPF7
— La Moncloa (@desdelamoncloa) September 2, 2025
Metodología para la condonación de deuda
El Anteproyecto de Ley incluye la metodología utilizada para calcular la cifra de condonación de deuda que corresponde a cada Comunidad Autónoma, información que el Ministerio de Hacienda trasladó a los gobiernos autonómicos en febrero y que fue aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mismo mes. Posteriormente, el Ministerio mantuvo reuniones técnicas individuales con la práctica totalidad de las comunidades, incluida Canarias, para facilitarles información más detallada.
El Gobierno de España explica que la metodología se basa en criterios objetivos, transparentes, técnicos e iguales para todas las comunidades y consta de tres fases:
♦ Fase 1: Se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera (del 31 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2013) con el crecimiento del pasivo durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania (del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023). Durante la primera etapa, la deuda aumentó en 109.582 millones de euros, mientras que en la segunda creció solo 29.272 millones. Este cálculo arroja un total de 80.310 millones, cifra que refleja, según el Gobierno de España, el sobreendeudamiento generado por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central durante la crisis financiera.
Una vez identificado el sobreendeudamiento, se aplica un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución se realiza a través del criterio de población ajustada: el 75% del sobreendeudamiento de 80.310 millones se asigna en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Para Canarias, esta distribución alcanza los 2.977 millones de euros, lo que representa el 45,7% de su deuda, frente a la media del 19,3% del conjunto de comunidades.
♦ Fase 2: El Ejecutivo indica que el objetivo de esta fase es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación calculada por población ajustada. Por ello, se incrementa la condonación de las comunidades que se encuentran por debajo de la media, de manera que alcancen al menos un 19,3% de condonación de su deuda. En el caso de Canarias, esta fase no implica cambios, ya que su nivel de condonación se sitúa por encima de la media.
♦ Fase 3: El Gobierno explica que en esta etapa se aplican dos ajustes adicionales. Primero, se identifica la CCAA con mayor condonación por habitante ajustado, siendo esta la Comunidad Valenciana con 2.284 euros, y se establece condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.
Además, se establece una compensación adicional para las comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de Canarias, esta tercera fase supone añadir 282 millones de euros más de condonación.
El objetivo de estos ajustes —desde la perspectiva del ejecutivo nacional— es intentar compensar e igualar a las comunidades en dos indicadores que permiten comparaciones: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Tras aplicar estas correcciones, la condonación total para Canarias alcanza los 3.259 millones de euros.
Procedimiento de asunción de la deuda
El Anteproyecto de Ley recoge además el procedimiento mediante el cual el Estado asumirá la deuda autonómica. Este proceso, de carácter voluntario, dependerá de si la comunidad cuenta o no con deuda del FLA.
Para las comunidades con deuda del FLA, como Canarias, la asunción se realizará mediante la cancelación o amortización de los saldos pendientes de los préstamos del FLA, hasta alcanzar el importe fijado por la ley para cada territorio. El proceso comenzará por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019. A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste. Es decir, 2023, 2022, etc.
Compatible con la reforma del sistema de financiación
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enfatizado que la asunción de la deuda autonómica “no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación”, sobre la que el Gobierno continuará trabajando con el objetivo de beneficiar a todos los territorios.
Montero ha recalcado que la condonación de la deuda beneficia a todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular. “De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP”, ha señalado la titular de Hacienda, quien ha instado a los presidentes autonómicos populares que “recapaciten” y opten por respaldar una medida que considera beneficiosa para los ciudadanos.
