El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, apunta que se trata de una reivindicación histórica de este colectivo que encaja en la articulación de una nueva Administración Pública en proceso de modernización y racionalización de sus estructuras y procedimientos.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, anunció hoy tras la celebración del Consejo de Gobierno que este acordó el establecimiento de la jornada normal máxima de 37 horas y 30 minutos semanales a partir del lunes 2 de julio para los puestos de trabajo ocupados por personal funcionario en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que constituye una reivindicación histórica de este colectivo.

En todo caso, los que cuentan por razón de posición jerárquica y de las responsabilidades que implican (con nivel de complemento de destino superior a 28) quedarán sujetos a un deber de especial dedicación cuando lo exijan necesidades coyunturales, de forma que la realización de una jornada semanal de hasta 40 horas no computará como exceso de horario ni servicios extraordinarios.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó aplicar este acuerdo a los puestos de trabajo reservados al personal funcionario en las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo que se eleven a la aprobación del Gobierno de Canarias o, en su caso, que hayan de aprobarse más adelante.

El director general de la Función Pública, Francisco Rodríguez, recuerda que el decreto por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias establece dos tipos de jornadas: la normal, cuya duración máxima es de 37 horas y 30 minutos semanales, y la jornada especial, cuya duración es de 40 horas semanales, sin vincularlas a un determinado tipo de puestos de trabajo o clases de personal.

Rodríguez apunta que el paulatino encuentro de los regímenes aplicables a las distintas clases de personal, junto a la articulación de una nueva Administración Pública en proceso de modernización y racionalización de sus estructuras y procedimientos, lleva a que en el ámbito de la Administración General pueda darse respuesta a esta reivindicación del personal funcionario por la que se acuerda, carácter general, la aplicación la jornada normal.