En la provincia de Las Palmas gana Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, y en la tinerfeña, Ilunion Seguridad.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, anunció hoy la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos y sedes judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias a dos empresas que garantizan, tal y como se pretendía, el sueldo mínimo establecido en el convenio colectivo estatal. Se trata de Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España en la provincia de Las Palmas, por un importe de 4.720.794 euros, y de Ilunion Seguridad en la provincia tinerfeña, por 4.016.000 euros. En ambos casos, la vigencia del contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de dos años, si bien el mismo podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por un período máximo de otros dos años. El contrato se formalizará, previsiblemente, el 2 de mayo.

Rodríguez recuerda, tal y como anunció el año pasado, que estas empresas tienen prohibida la subcontratación parcial del servicio y remarca que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha procurado de forma especial en el proceso de adjudicación que se trate de ofertas que, además de satisfacer los requisitos técnicos exigidos, también cumplan con las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores.

Ambas empresas asumen la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

Dentro de las obligaciones laborales que deben cumplir tiene especial importancia el abono de los salarios en el plazo establecido, con la previsión de imposición de penalidades económicas por cada día de retraso en caso de producirse éste.

En la ejecución de este contrato se ha introducido la realización de auditorías de calidad cuyo resultado negativo deriva en la imposición de penalidades económicas para las empresas, lo que supone una apuesta por la calidad en la prestación del servicio.

Rodríguez remarca que, si las adjudicatarias incumplen estas obligaciones, la Administración autonómica podrá optar por la resolución directa del contrato además de imponer sanciones pecuniarias. Si la ejecución del contrato requiere que las empresas contraten personal, deberán hacerlo entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.