El Ejecutivo muestra su respeto a las resoluciones judiciales, pero no comparte la decisión de la Audiencia de Navarra.
El Gobierno de Canarias se suma a la indignación social generada tras la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que ha decretado la libertad provisional, bajo fianza de 6.000 euros y con medidas cautelares, de los cinco miembros de La Manada, y recuerda que la violencia sexual representa una grave manifestación de la violencia de género y supone un atentado contra la dignidad, derechos, libertad y seguridad de las mujeres.
El Ejecutivo canario respeta las decisiones judiciales, pero, al igual que cuando se conoció la sentencia que condenaba a los acusados por abuso sexual y no por violación, no la comparte porque, de nuevo, se lanza un mensaje que puede generar impunidad para los agresores y mayor indefensión para las víctimas de delitos sexuales en particular y para todas las mujeres en general.
“Mientras toda la sociedad y todos los estamentos, incluido el judicial, no entiendan la violencia sexual como un grave atentado contra las mujeres, no podremos avanzar en la erradicación de la violencia machista”, remarca la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, quien reafirma el apoyo del Ejecutivo a todas y cada una de las mujeres que padecen violencia machista, en cualquiera de sus manifestaciones.
