Se adquirirán inmuebles en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, ha sacado a concurso público la adquisición, en régimen de compraventa, de 180 viviendas, destinadas a facilitar, en casos de urgencia, un recurso habitacional temporal a familias que se encuentren en situaciones excepcionales de exclusión.
Para ello, se cuenta con un presupuesto máximo de la adquisición asciende a 11.631.260 euros, en el que se incluyen tasas, impuestos y cualesquiera de los gastos, de cualquier naturaleza, a cargo de Visocan.
Las viviendas deberán estar ubicadas en las áreas metropolitanas de Gran Canaria y Tenerife – esto es, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Telde-, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Estas localizaciones concentran la mayor demanda de este tipo de viviendas.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, explicó ayer, en comisión parlamentaria que, de esta forma, poniendo más vivienda protegida en el mercado, se contribuye a hacer frente al alza del precio de la vivienda en mercado ordinario, algo sobre lo que la administración no tiene influencia directa.
Las viviendas se destinarán al programa “Canarias+ViviendasXFamilias”, que proporciona soluciones temporales a personas vulnerables en situación de emergencia habitacional, además, mediante este programa se presta asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, desahucios, desalojos y otras circunstancias en las que exista un alto riesgo de que personas físicas o unidades de convivencia queden en exclusión residencial.
Durante los últimos dos años, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, se han paralizado un total de 436 lanzamientos judiciales (de las cuales, 282 han sido en 2018) por desahucios y se ha buscado soluciones para las familias afectadas en recursos habitaciones temporales, a través del programa ‘Canarias+ViviendasXFamilias’ (C+VxF).
En comisión parlamentaria, la consejera Valido señaló además, que la comisión de vivienda aprobó la semana pasada, por unanimidad, la nueva hoja de ruta de vivienda en las Islas. Agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones dieron su apoyo al borrador del Plan Canario de Vivienda 2019-2022. El documento determinará las políticas del área en los próximos cuatro años.
Esta comisión es un órgano colegiado previsto en la Ley de Vivienda de Canarias que emite informes preceptivos en materia de vivienda. Está compuesta por representantes de ayuntamientos y cabildos; de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP); de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO); de los colegios profesionales; de los sindicatos CCOO y UGT; de las entidades del Tercer Sector; y de las asociaciones de consumidores.
