El Gobierno de Canarias y los colectivos definen la futura ley de igualdad LGTBI

El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, explica que la norma actual convirtió a Canarias en su momento en una región pionera, pero que en la actualidad es imprescindible acometer una actualización.

El Gobierno de Canarias y los colectivos se han reunido esta semana para consensuar un borrador de anteproyecto de ley de igualdad LGTBI y dar repuesta a una demanda de la sociedad. El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, explicó a su término que «hay un firme compromiso por impulsar la aprobación de la Ley Canaria de identidad de género, expresión de género y características sexuales, y por ello se están agilizando todos los trabajos previos, solicitudes a órganos consultivos e informes técnicos, para que sea posible llevarla a la mayor brevedad posible al Parlamento autonómico».

«Canarias, que ha sido históricamente referente de lucha y defensa de la diversidad y contra la discriminación, no va a renunciar a tener esta ley lo antes posible. El Gobierno está posicionado del lado de la visibilización y la normalización, mediante una norma no patologizante, que borre del imaginario social, técnico y político la visión de las realidades trans como enfermas y tutorizables», afirmó Candil.

La Comunidad Autónoma aprobó en en 2014 la Ley de No discriminación por motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las personas Transexuales, «una ley que ha permitido un avance notable, que ha facilitado la inclusión de niños, niñas y jóvenes trans en los centros educativos y ha mejorado la sensibilización de la Administración, pero que pronto ha quedado desfasada e incompleta», explicó Reyes Henríquez, directora general de Políticas Sociales, que también estuvo presente en la reunión.

El nuevo texto incorporará todas aquellas medidas necesarias para garantizar y proteger el ejercicio pleno a la libre autodeterminación del género, sin discriminación y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, especialmente, en el empleo, trabajo, educación, cultura, deporte, sanidad y servicios sociales.

«La despatologización de la ley se convierte así en el principal reto tanto de las asociaciones trans, como del Gobierno», apuntó Henríquez.

Francisco Candil añadió que, además,  «la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda está trabajando, en colaboración con los colectivos, en la puesta en marcha de nuevos protocolos en los ámbitos de la sanidad, el empleo, los servicios sociales y la educación».

 

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