La Plataforma 5% para Educación lleva a la Fiscalía, tras reiteradas reclamaciones, al Ejecutivo para que desarrolle la normativa que obliga a alcanzar el 5% del PIB en 2022, incrementando progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, lo que no ha sucedido en modo alguno.

La Plataforma 5% para Educación ha denunciado al Gobierno de Canarias ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la posible vulneración del derecho a la educación que supone el incumplimiento de la senda de financiación prevista en la Ley Canaria de Educación no Universitaria. La decisión se toma ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo y su falta de respuesta frente a las reclamaciones de que, como le corresponde, no se salte lo estipulado en la Ley, que obliga a alcanzar el 5% del PIB en materia educativa en 2022, incrementando progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, lo que no ha sucedido

Recientemente miembros de esta plataforma ciudadana tuvieron un encuentro con el titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes Mesa, para interesarse por el estado de la queja expresada ante esa institución en noviembre pasado por los reiterados incumplimientos del Gobierno de Canarias de lo establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria que, como se sabe, obliga a incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo de modo que el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la ley, como mínimo en el 5% del PIB.

En dicha reunión la plataforma tuvo conocimiento de las respuestas evasivas de la Consejería de Educación, de sus incumplimientos de los plazos de respuesta obligados por ley que han obligado a la Diputación de Común a recordarle esta obligación legal y de las argumentaciones ajenas al asunto en cuestión.

Decrecido

El presupuesto consolidado de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la aprobación de la LCE en 2014 hasta esta legislatura de 2019, ha crecido en términos absolutos, pero ha decrecido en relación al PIB.

En su respuesta al Diputado del Común, en relación con la queja de la Plataforma Ciudadana 5% para Educación, el Gobierno de Canarias afirma que “en cumplimiento de la Ley [Canaria de Educación no Universitaria] se ha producido un incremento continuado del presupuesto de Educación en toda la legislatura.”

Se deduce de esta respuesta que el Gobierno de Canarias pretende dar a entender que basta con incrementar el presupuesto en términos absolutos para cumplir con su obligación de elevar progresivamente el presupuesto educativo entre 2014 y 2022 para alcanzar como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto.

Objetivo

De la lectura atenta del punto 3 del artículo 72 de la LCE se deduce con claridad que la voluntad del legislador no se limita a comprometer un crecimiento en términos absolutos del presupuesto de Educación, cosa que por otra parte ocurre siempre -salvo momentos de grave recesión- sin necesidad de ninguna ley que lo establezca. Es claro que la voluntad del legislador es que el tipo de crecimiento (absoluto o porcentual respecto al PIB) se corresponda con el tipo del objetivo que no es absoluto sino porcentual respecto al PIB. Dicho de otro modo, es meridianamente claro que el legislador compromete en la ley un incremento progresivo del presupuesto desde el 3,79% del PIB al 5% del PIB, como mínimo, en 2022 (fin del plazo de ocho años previstos), lo que implica que el presupuesto de Educación debiera crecer cada año de ese periodo más que el PIB y hacerlo en una dimensión alrededor de 0,15 puntos porcentuales respecto al PIB.

Desde este punto de vista, cada presupuesto inicial de esta legislatura (y el último de la anterior) ha incumplido la LCE ya que ha bajado desde el 3,65% de 2015 al 3,63% de 2019, hasta el punto de que los últimos cuatro presupuestos han sido los peores desde las transferencias de Educación a Canarias.

Ante estos reiterados y flagrantes incumplimientos y ante la falta de colaboración con la Diputación del Común para responder de forma precisa a esta queja, viendo que lo que está en juego es el derecho a la educación de la infancia y la juventud canaria, la Plataforma 5% para Educación ha decidido dar traslado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de los hechos que constituyen una posible vulneración del derecho a la educación que supone el incumplimiento de la senda de financiación prevista en la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

En opinión de la Plataforma, retrasar la financiación prevista significa retrasar también las medidas necesarias para que el alumnado canario disfrute de la educación digna a la que tiene derecho; y, quienes a sabiendas de sus obligaciones las incumplen, atentan contra este derecho.