Las penas oscilan entre 6 y 12 meses y la indemnización puede alcanzar los 9.000 euros.

Los permisos para quemas agrícolas quedan suspendidos con altas temperaturas.

Las quemas se han convertido en la primera causa de incendio forestal por imprudencia en Gran Canaria.

 Los investigadores del Cabildo de Gran Canaria se trasladarán hoy al punto de inicio del fuego que este domingo afectó a Cazadores para corroborar la versión de un vecino que indicó que se debió a una quema agrícola, una imprudencia grave constitutiva de delito.

El fuego se declaró en torno a las doce y media y un vecino que reside en la zona los fines de semana comentó rápidamente que se había debido a una quema que se le escapó, una versión respaldada por sus familiares, que al parecer fueron también los que llamaron a los servicios de emergencias. Todo ello, no obstante, hay que corroborarlo en el territorio, unas pesquisas que comienzan este lunes tras la recogida de testimonios durante el domingo.

Los permisos para quemas agrícolas en zonas forestales, que se solicitan en la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, tienen una validez de cinco años y quedan suspendidos durante el verano hasta el 30 de septiembre y el resto del año solo tienen validez en determinadas condiciones que constan en el permiso, es decir, no se pueden realizar quemas con altas temperaturas, por ejemplo.

En cualquier caso, los agentes de la Brigada de Investigación de Incendios forestales del Cabildo (BIIF), indican que los indicios apuntan a que esta persona tampoco contaba con este permiso, necesario para cualquier quema, una actividad que se ha convertido en la primera causa de incendios por imprudencia en Gran Canaria.

Los delitos por imprudencia grave o no dolosos tienen en su vertiente de responsabilidad penal previstas penas de prisión de seis a doce meses, mientras que la responsabilidad civil conlleva pagar los daños y gastos generados, en este caso la movilización de helicópteros, medios terrestres y personal de varias instituciones. La cifra aún está por determinar, pero puede oscilar entre 3.000 y 9.000 euros.

En necesario que las personas que se planteen realizar una quema agrícola imprudente o que cometan cualquier negligencia relacionada con el fuego sean conscientes de que, de forma inmediata, están poniendo en peligro la vida de las personas y en riesgo bienes públicos y privados, por lo que su acción conlleva responsabilidad penal y civil.

El Cabildo de Gran Canaria recuerda que, aunque noviembre esté avanzado, aún persiste el riesgo de incendio por la sequedad y las temperaturas. El fuego de este domingo precisó una actuación contundente por el peligro que entrañaban las condiciones en las que se produjo, y aun así podría no haber sido frenado si las circunstancias llegan a superar la capacidad humana de actuación, si bien no fue el caso y pudo ser parado en tres hectáreas.

El incendio aún no ha podido ser declarado extinguido, ya que desde que un fuego se declara controlado, es decir, que arde dentro de un perímetro determinado y no es previsible que ya avance, resta el trabajo de extinción de todo el interior, una labor que se prologó toda la tarde, toda la noche y aún se extenderá varias horas de este lunes, hasta que dejen de arder tocones y el Centro Coordinador de Operativa Insular del Cabildo de Gran Canaria, Cecopin, determine que se ha alcanzado el siempre esperado “humo cero”.