Fruto de negociaciones iniciadas desde el mes de abril, la semana pasada se ha producido la firma de un acuerdo entre CCOO, CSIF, UGT y la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias que supone un gran avance en el proceso de recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos de Canarias.

El documento contempla mejoras importantes, entre las cuales son destacables las siguientes:

• El final de la penalización del derecho a la salud. Se restablece el complemento retributivo en caso de incapacidad laboral transitoria. Terminan los descuentos por encontrarse en situación de baja médica.
• La recuperación de los salarios y del poder adquisitivo, con un incremento del 2,25% que se incluye ya en la Ley de presupuestos de Canarias para 2019, además de otro 0,25% que queda pendiente de que Canarias iguale o supere un crecimiento del 2,5% del PIB.
• La vuelta a la jornada lectiva de 18h para el personal docente no universitario de Secundaria^[1]. Se vuelve así a la situación previa que, sustentada en la crisis económica existente desde 2008, se aplicó tras la aprobación del Real Decreto-Ley 14/2012 en el sector educativo.
• Consolidación en 2019 de mejoras específicas como el complemento retributivo por formación permanente del personal docente no universitario (SEXENIO) y resto de complementos fruto del acuerdo de 1 de septiembre de 2017 o la carrera profesional del personal estatutario de sanidad.
• Recuperación de las 35 horas de jornada ordinaria semanal en el Servicio Canario de Salud¹.
• Implantación de las 35 horas de jornada semanal en el ámbito de la Administración General.
• Mejora en la paga adicional del personal laboral.
• Las condiciones de disfrute de la excedencia voluntaria del personal funcionario.
• El aumento de la partida destinada a las ayudas de acción social.

En definitiva, mejoras o recuperación de derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos de Canarias, que afectarán a unos 66.000 trabajadoras y trabajadores y que tenderán a generar en torno a 2.000 nuevas plazas de empleo público.

Este acuerdo ha de servir de espejo donde reflejarse tanto a los Ayuntamientos y Cabildos, como a las universidades y las fundaciones, entes y/o empresas públicas, para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

En él se compromete una inversión cercana a los 230 millones de euros en el capítulo I de los presupuestos para 2019, quedando pendiente de poder ejecutar otros 69 millones en caso de flexibilizarse la regla de gasto.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se compromete, una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para el año 2019, a iniciar un proceso de negociación colectiva destinado al establecimiento de un marco general de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que dé igualmente respuesta a otros contenidos del citado segundo acuerdo de mejora del empleo público.

Las organizaciones sindicales firmantes, se comprometen a colaborar activamente en la búsqueda de soluciones futuras para continuar con la mejora y estabilización del empleo de nuestro sector público en la forma más compatible posible con la garantía en la prestación de los servicios públicos esenciales y sin riesgo para la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de nuestra Comunidad Autónoma.

Pero el compromiso más importante de las tres organizaciones sindicales es con las trabajadoras y trabajadores del sector público canario, para continuar dedicando sus esfuerzos a la mejora de sus condiciones laborales tanto a nivel estatal (como ocurrió con la firma del II Acuerdo de Mejora del Empleo público y Condiciones de Trabajo) como autonómico (como queda reflejada en el acuerdo de compromiso suscrito la semana pasada).

^[1] Supeditada a que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda aumentar, durante 2019, el gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural, sin dejar de cumplir por ello los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública.