El presidente Fernando Clavijo (CC) anunció este martes (2) que el Gobierno de Canarias emprenderá una “batalla política y jurídica” en defensa de una “financiación justa” para el archipiélago. De cara a esta ofensiva, el jefe del Ejecutivo autonómico y el vicepresidente Manuel Domínguez (PP) trasladaron a los grupos parlamentarios la propuesta de cerrar un frente común frente a las amenazas que, según advirtieron, suponen la salida de Cataluña del sistema de financiación común y la condonación de la deuda aprobada por el Consejo de Ministros.
Durante la reunión, Clavijo informó a los portavoces de las consecuencias que tendría para las islas el acuerdo entre el Estado y la Generalitat. Según cálculos de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la salida de Cataluña del régimen común supondría para Canarias la pérdida de 2.457 millones de euros anuales.
Condonación de deuda “discriminatoria”
El presidente explicó que los criterios fijados por el Gobierno español para condonar deuda a las comunidades autónomas provocan que Canarias “salga peor de lo que entra”. Indicó que Hacienda perjudica al archipiélago en 1.700 millones de euros al establecer un tope del 50% en la quita, cifra que aumenta al descontar también el superávit financiero de los últimos años. A su juicio, se trata de criterios “discriminatorios” contra los que el Ejecutivo autónomo va a luchar con “una estrategia política y jurídica”, empezando por trabajar para que el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros se corrija en su tramitación parlamentaria. “Lo justo es que a los canarios se les condene la misma deuda que a cada catalán”, afirmó, tras criticar que el Estado penalice a Canarias pese a haber gestionado sus recursos con rigor.
El presidente lanzó un llamamiento a todas las fuerzas políticas para “cerrar filas en defensa de Canarias” y reclamar al Estado “como una sola voz lo que es nuestro”. Recordó que este “modo canario” de hacer política ya ha dado buenos resultados en retos anteriores, como la gestión de la migración, y expresó su confianza en que los grupos parlamentarios respalden una alianza que garantice una financiación autonómica “justa” y evite un modelo que cree “ciudadanos de primera y de segunda”. Clavijo insistió en que “están en juego nuestros servicios esenciales” y subrayó que una merma en la financiación estatal pondría en riesgo “la educación, la sanidad y el sistema de protección social”.
Unidad en el Parlamento
El presidente valoró que la reunión con los portavoces parlamentarios suponga “empezar con buen pie” esta ofensiva por una “financiación justa”, al mantener “una foto de unidad política respecto a los grandes retos que tiene por delante Canarias”.
En la misma línea, el vicepresidente Manuel Domínguez (PP) destacó la capacidad del Ejecutivo autonómico para buscar el diálogo con todos los grupos en defensa de los intereses de las islas. A su juicio, tanto el acuerdo con Cataluña como la condonación de la deuda “crean desigualdad entre comunidades autónomas y provocan que haya ciudadanos de primera y de segunda”. Reclamó que se reconozca que Canarias está infrafinanciada con el modelo actual y que participe en todos los foros de debate para defender esta posición.
La financiación
Clavijo agradeció a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, y a su equipo, el “riguroso” informe entregado a los grupos parlamentarios sobre los riesgos que afronta Canarias en materia de financiación. El documento recuerda que el 75% del presupuesto de la comunidad depende de los fondos del sistema de financiación autonómico, que constituyen la principal fuente de ingresos para sostener servicios esenciales como la sanidad y la educación.
El Sistema de Financiación Autonómico (SFA) reúne los recursos, tributos cedidos y transferencias con los que las comunidades autónomas de régimen común costean sus competencias, entre ellas los servicios básicos de sanidad, educación y atención social. El modelo en vigor, que entró en funcionamiento en 2009, se apoya en el principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución.
No obstante, el acuerdo firmado el pasado 14 de julio por la comisión bilateral Generalitat-Estado podría modificar esta balanza dentro del marco de la reforma del sistema de financiación y de la asunción de competencias en el IRPF por parte del gobierno catalán. En términos generales, el acuerdo contempla la cesión de todos los impuestos soportados en Cataluña y que la aportación catalana a las finanzas del Estado se desglose en el coste de los servicios que el Estado presta en esta comunidad y en una aportación a la solidaridad. Aunque no se concreta esa aportación solidaria, se limitará al principio de ordinalidad y a comunidades con un esfuerzo fiscal similar, lo que no se aplicaría a Canarias.
No podemos hipotecar el futuro de Canarias aceptando una quita de la deuda que pone en riesgo nuestra sanidad y nuestra educación. Daremos la batalla política y jurídica para defender un trato justo, en que cada canario reciba exactamente lo mismo que cada ciudadano de otra ccaa pic.twitter.com/ylukAqM60g
— Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) September 2, 2025
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias defiende que el nuevo modelo, de concretarse, cuente con recursos adicionales suficientes y respete como mínimo el grado de nivelación o solidaridad del SFA actual, en el que ninguna comunidad autónoma presenta una distancia negativa con la media superior en torno al -5%. Según el Ejecutivo canario, un menor grado de solidaridad perjudicaría a las comunidades con menor recaudación tributaria, como Canarias.
Asimismo, el gobierno autonómico subraya que la Comunidad Autónoma Canaria no debe perder participación en la variable de insularidad en la población ajustada y, en todo caso, debe incrementarla. La inclusión de nuevas variables correctivas, como costes fijos y despoblación, no debe reducir el actual 0,6% de insularidad, ni el porcentaje que corresponde a Canarias del 79,91%.
El ejecutivo canario también destaca que si existe un factor geográfico que genera diferencias sustanciales en la prestación de servicios públicos frente a otras comunidades, es la “ultraperificidad”, por lo que el peso de la variable insularidad no deberá descender respecto a su ponderación en el sistema de financiación actual.
Otro aspecto relevante para la comunidad autónoma es que el sistema considere el nivel de renta en la población ajustada, ya que los niveles de renta y de pobreza inciden directamente en la demanda de servicios públicos fundamentales y, por tanto, en las necesidades de gasto de cada comunidad, como es el caso de Canarias.
Finalmente, el Gobierno de Canarias advierte que no se debe cuestionar la adicionalidad de los recursos del REF, tal como establece el artículo 166 del Estatuto de Autonomía. El Ejecutivo insiste en que la próxima reforma del SFA garantice la adicionalidad efectiva de estos recursos e insta a todos los grupos políticos a unirse activamente en su defensa.
La metodología del Estado
El Gobierno de Canarias considera que la metodología utilizada por el Estado para calcular la condonación de deuda a las comunidades autónomas es “arbitraria y discriminatoria”, ya que genera un perjuicio de 1.710 millones de euros para el archipiélago, a pesar de que es una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento. En total, el Estado condonará a Canarias 3.245 millones de euros.
Según la Consejería de Hacienda, la metodología del Ministerio favorece en la fase 2 a las comunidades más endeudadas, lo que “supone un agravio comparativo con aquellas que, como Canarias, han demostrado mayor responsabilidad financiera”.
En la fase 3, se introduce además una limitación que establece que el importe total a condonar no puede superar el 50% de la deuda. Esta limitación afecta únicamente a Canarias y representa un grave perjuicio en el cómputo final.
El anteproyecto también incluye otra penalización al determinar que del importe total a absorber de cada comunidad se deducirá la deuda pendiente de reducir o cualquier otro exceso de financiación de ejercicios anteriores. Esta medida impacta directamente en el superávit de la comunidad autónoma, que se descontará del importe de deuda pública que asumirá el Estado y deberá destinarse obligatoriamente a la reducción de deuda. “En ningún caso, se podrá destinar a garantizar las necesidades de los canarios ni a rebajar impuestos”, subraya el Ejecutivo autonómico.
Representación en la reunión
En el encuentro participaron, además de Clavijo y Domínguez, la consejera de Hacienda, Matilde Asián; la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello. Por parte de los grupos parlamentarios asistieron Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC), Jesús Ramos (ASG), Nicasio Galván (VOX) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).
