En nombre de las 316.000 enfermeras y enfermeros de España, el Consejo General se dirige por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y le solicita una reunión urgente para subsanar una injusticia histórica que sufre un colectivo que se ha dejado el alma y, en algunos casos, la vida, en la actual pandemia.
Enfermería es, desde 2008, un Grado Universitario de cuatro años, un tiempo durante el cual quienes optan por esta profesión cursan 240 créditos de formación, lo mismo que otras carreras como Derecho, Psicología, Periodismo, Biología o Economía. Sin embargo, la diferencia es que las enfermeras cuando consiguen una plaza en la Administración Pública acceden al grupo A2 en lugar de al A1.
La reticencia de las administraciones públicas a situar a la enfermería en el nivel que legítimamente le corresponde implica unas consecuencias a nivel de desarrollo profesional y en el salario que reciben, impidiendo, por ejemplo, el acceso a determinados puestos dentro del ámbito sanitario.
El Consejo General de Enfermería ha reclamado por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una reunión para trasladarle el malestar de las 316.000 enfermeras y enfermeros españoles ante una situación anacrónica, injusta y discriminatoria como es la inclusión del colectivo en el nivel A2 de la escala laboral de la función pública. Así, las enfermeras que se han dejado el alma y, en algunos casos la vida, luchando contra la pandemia no ostentan la misma categoría profesional que personas que han estudiado un grado universitario con los mismos créditos -como abogados, economistas, físicos, biólogos, psicólogos o periodistas, por ejemplo- , que están adscritos al grupo A1 con una titulación idéntica, lo que representa una evidente discriminación hacia una profesión mayoritariamente de mujeres, que lo ha dado todo durante la pandemia que sufrimos.
El nivel profesional viene determinado por la titulación, la misma que la de profesiones que sí están dentro del A1, y el nivel de responsabilidad, que en las enfermeras está fuera de toda duda, pues qué mayor responsabilidad es cuidar de la salud de la población o la de una vida humana que está en sus manos.
En la carta, firmada por el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, se le recuerda a la ministra Darias que “la reticencia de las administraciones públicas a situar a la enfermería en el nivel que legítimamente le corresponde implica unas consecuencias a nivel de desarrollo profesional y el salario que reciben, impidiendo, por ejemplo, el acceso a determinados puestos dentro del ámbito sanitario. Así, mientras que un economista, un abogado, un físico o un psicólogo pueden ser gerente de un hospital, una enfermera tiene vetado ese puesto, pese a estar preparada para ocupar el cargo, tener competencias en gestión y tener un título universitario absolutamente equiparable a todos estos”.
La enfermería española urge a la ministra a abordar este tema en una reunión inicial para que esta lo pueda trasladar a su vez a los otros ministerios implicados -como Administraciones Públicas- y al propio presidente del Gobierno de la nación.
Campaña de apoyo popular
Para luchar contra la incoherencia de una normativa obsoleta, el Consejo General de Enfermería y toda la Organización Colegial (52 colegios provinciales y 17 consejos autonómicos) han puesto en marcha a nivel nacional la campaña enfermerA1 con el doble objetivo de dar a conocer la injusticia a la que las enfermeras se ven sometidas y pedir al Gobierno este merecido cambio, por formación y responsabilidad, en la clasificación de las enfermeras.
A través de la web, cualquier ciudadano podrá expresar su apoyo a esta reivindicación y conocer en profundidad el origen de esta discriminación y sus consecuencias en el día a día de 316.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país.
