En el archipiélago se ha desarticulado una organización que se dedicaba a la venta y distribución de decodificadores satelitales y líneas CCCAM bajo suscripción, las cuales permitían el acceso a contenidos de televisión vulnerando derechos de Propiedad Intelectual.
Agentes de la Policía Nacional han detenido, en dos operaciones desarrolladas en las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, a cuatro personas e investigado a otras cuatro por la emisión y distribución de televisión de pago de manera fraudulenta. En el archipiélago se ha desarticulado una organización, asentada en la Islas y Holanda, que se dedicaba a la venta y distribución de decodificadores satelitales y líneas CCCAM bajo suscripción, las cuales permitían el acceso a contenidos de televisión de pago vulnerando derechos de Propiedad Intelectual. Por otra parte, en Torrent (Valencia), una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional ha permitido el arresto del responsable de una empresa por ofrecer suscripciones ilícitas a canales de pago y que habían contratado muchos locales de hostelería de la ciudad.
Más de 100 canales por ocho euros al mes
El operativo desarrollado en las Islas Canarias tuvo su origen en la recepción de una denuncia realizada por una empresa de distribución de televisión digital, en la que daban cuenta de la actividad de varias personas asentadas en el archipiélago dedicadas a la venta fraudulenta de señal de televisión digital. Una vez recibida esta información, los agentes iniciaron una investigación que permitió la identificación de estas personas, y confirmar que distribuían decodificadores de satélites y líneas CCCAM bajo suscripción que, una vez configurados los aparatos, permitían el acceso a al menos 100 canales de pago de diferentes operadoras, a cambio de una cuota mensual de 8 euros. Se supo además que la organización disponía de una red de clientes que abonaban una suscripción mensual a través de diversas cuentas de pago titularizadas a nombres de testaferros.
Investigación en Holanda con el apoyo de Europol
El avance de la investigación, llevó también a la localización de una empresa de soluciones informáticas en la ciudad de Doesbourg (Holanda), donde la organización había alquilado una serie de servidores desde donde se emitían los contenidos de televisión a su red clientelar.
Finalmente las pesquisas permitieron el desarrollo de un operativo, que contó con la colaboración de Europol, en el que se detuvo a tres personas y se imputó a otras cuatro en España. También se realizaron tres registros domiciliarios, dos en España y uno en Holanda, logrando desactivar el servidor instalado en aquel país, gracias a la cooperación de las autoridades holandesas. Se estima que la organización desmantelada, dedicada a la comisión de delitos contra la propiedad intelectual, habría generado en ocho meses unos ingresos fraudulentos superiores a 70.000 euros y un perjuicio a las operadoras de televisión durante el mismo periodo de más de 1.000.000 de euros.
Denuncia de la Liga de Fútbol Profesional
En mayo de 2016 la Liga de Fútbol Profesional de España interpuso una denuncia contra el responsable de una empresa radicada en Torrent (Valencia) por la comisión de un delito contra la propiedad intelectual y defraudación en las telecomunicaciones. Tras recibir esta información los agentes iniciaron una investigación sobre la persona denunciada, que les permitió comprobar que ofertaba a sus clientes un “suplemento” al contrato de telefonía, Internet y televisión, que incluía el acceso sin autorización a diferentes canales de pago, entre los que se encontraban aquellos de los que es titular la Liga de Fútbol Profesional.
Los investigadores también comprobaron que la empresa gozaba de gran prestigio y popularidad en la zona gracias a los “servicios extra” que prestaba, contando por ello con una amplia clientela, entre la que figuraban gran parte de los establecimientos de hostelería de la ciudad, además de numerosos particulares.
Con la finalidad de impedir la continuación de esta actividad ilícita, se llevó a cabo una entrada y registro en la sede social de la empresa y en un domicilio vinculado a la mercantil. En el primer lugar se halló numerosa documentación relativa a clientes y datos económicos asociados, y en el segundo se descubrió una “granja” de servidores destinada a decodificar la señal que posteriormente distribuían a los asociados. Una vez finalizados los registros se procedió a la detención del responsable de la mercantil.
