El incremento de los tutelados por el Gobierno impulsa la creación de protocolos de coordinación que agilicen los accesos a recursos sociosanitarios.

La Comisión Tutelar del Mayor se ha reunido hoy en Las Palmas de Gran Canaria con la intención de analizar los protocolos para los accesos a recursos sociosanitarios a los que deben acceder algunas de las personas tuteladas por el Gobierno de Canarias. “En apenas un año, hemos pasado de contar con 10 mayores tutelados a cerca de 200, y la previsión es que siga incrementándose esta cifra, por ello, es necesario elaborar protocolos que establezcan la ruta de actuaciones a llevar a cabo cuando se presenta un caso de una persona mayor tutelada, así como agilizar su admisión a un centro sociosanitario cuando exista una orden judicial de ingreso urgente”, asegura el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil.

La Comisión Tutelar también ha debatido las vías al alcance de la administración para conseguir garantizar que el patrimonio del mayor tutelado se dedica íntegra y exclusivamente a su bienestar. “La mejora de la gestión del patrimonio del mayor tutelado garantiza que el mismo vaya siempre en beneficio de su atención. Se trata de evitar que se realice un uso inadecuado del mismo, ha sido igualmente uno de los asuntos abordados hoy en el seno de esta comisión”, aclara Candil, quien recuerda que “es necesario contar con las herramientas administrativas y la coordinación necesaria que nos permita ingresar a una persona mayor en un centro cuando la situación así lo requiera, y este ha sido también uno de los temas tratados en la reunión de hoy con el fin de dar una respuesta rápida a la situación de los mayores tutelados”.

Esta Comisión tiene por objeto ejercer la protección y guarda de la persona y bienes de los mayores incapacitados cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración autonómica su tutela. La Comisión cuenta con la participación de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, consejería de Sanidad, Fecam, Fecai y Fiscalía.

Hay que recordar que son funciones de la Comisión ejercer los deberes tutelares de las personas mayores incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración autonómica su tutela, así como adoptar todas las medidas precisas para la guarda y protección de la persona y bienes del mayor tutelado, y procurar el cuidado y el bienestar personal y social de la persona tutelada.