El modelo de economía social ha consolidado su posición estructural dentro del mercado laboral de las Islas Canarias, alcanzando un volumen histórico de 3.392 entidades activas en el archipiélago. Según los últimos balances oficiales correspondientes al ejercicio 2025, esta red organizativa ha generado un total de 17.174 personas contratadas formalmente a través de la formalización de 18.282 contratos. Estos indicadores económicos sitúan la ocupación del sector más de un millar de puestos de trabajo por encima de los registros computados al inicio de la presente legislatura, consolidando una tendencia al alza que acumula unas mil nuevas altas de entidades desde el año 2023 hasta la actualidad.

Esta evolución estadística y los retos operativos del sector centraron el debate técnico e institucional durante el II Foro de Economía Social de Canarias, un encuentro celebrado el viernes en la localidad de Puerto Calero, en Lanzarote. La jornada congregó a un amplio espectro de representantes de administraciones públicas, instituciones universitarias, organizaciones de carácter empresarial, agentes sociales y entidades directas del sector con el objetivo de evaluar las dinámicas de cohesión territorial y los mecanismos de inserción laboral que caracterizan a este tejido productivo.

La apertura del foro contó con la intervención de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, quien estuvo acompañada por la viceconsejera de Empleo, Isabel León, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega. Durante su comparecencia, De León defendió la viabilidad de un crecimiento económico vinculado de manera directa a la igualdad de oportunidades y la estabilidad laboral, remarcando que el sector requiere un apoyo institucional continuo basado en la atención y el impulso técnico.

La economía social en el archipiélago muestra una alta vinculación con la inclusión de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. En términos demográficos, las mujeres representan actualmente el 56,95% de la fuerza laboral activa del sector, mientras que las personas con discapacidad integran más del 16% del total de las plantillas contratadas, reflejando un impacto directo en el arraigo territorial de las islas.

En el ámbito estrictamente educativo y de fomento del autoempleo, el foro sirvió para analizar los resultados prácticos del programa Enseñar para Emprender, una iniciativa de base pedagógica promovida por el Servicio Canario de Empleo que recorre el territorio autonómico difundiendo los valores del cooperativismo desde las fases tempranas de la escolarización. Como hito del presente ejercicio, se destacó la implicación de un grupo de progenitores en la constitución de la primera cooperativa orientada a niños y niñas con discapacidad, una estructura fundamentada en el trabajo asociado orientada a facilitar su inserción y desarrollo personal.

Durante las sesiones de trabajo se desglosó el balance de las medidas normativas y estratégicas ejecutadas recientemente por la administración autonómica. Entre los principales hitos normativos y de planificación destaca la constitución formal de la Comisión de Economía Social de Canarias, la creación de un Catálogo de Entidades específico para el sector y la aprobación de la primera Estrategia Canaria de Economía Social.

Asimismo, se ha procedido a la adaptación técnica de las diversas líneas de subvenciones y ayudas dirigidas a las empresas de inserción, así como a los programas públicos de empleo con apoyo directo. En el plano académico y formativo, las dos universidades públicas canarias han culminado la elaboración del primer Libro Blanco de la Economía Social, un documento de diagnóstico científico que se complementa con la puesta en marcha del primer Experto en Economía Social de Canarias, título de posgrado impartido por la Universidad de La Laguna (ULL) que cuenta con la financiación del Servicio Canario de Empleo.

La dimensión estatal de la jornada fue analizada por Aicha Belassir, directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Gobierno de España, quien definió el foro lanzaroteño como una cita técnica indispensable para la consolidación de un ecosistema económico de perfil participativo, sostenible e inclusivo en el archipiélago.

La primera mesa de análisis especializado abordó de manera monográfica la estabilidad laboral. En este espacio, Emilio Sampedro, presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (CONCOVAL), expuso que el empleo generado en este sector es estable, de calidad, pone a la persona en el centro, fomenta la igualdad, elimina las desigualdades y reparte la riqueza territorial. En sintonía, Luis Prieto, director del Observatorio del Empleo en Canarias (OBECAN), delimitó conceptualmente este modelo productivo como una herramienta de probada eficacia para acercar opciones de contratación a los colectivos que presentan mayores barreras de empleabilidad.

Por su parte, Jaime Cabrera, en representación conjunta de las Cooperativas de Enseñanza de Canarias (COECAN) y de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ASESCAN), apuntó que la comunidad autónoma dispone todavía de un amplio margen de recorrido para incrementar la cuota de mercado y el peso específico de las cooperativas. Esta visión fue refrendada por José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, quien calificó al sector de aliado estratégico para la competitividad y la inclusión laboral en el entorno de las islas.

El encuentro sirvió igualmente de plataforma para el intercambio de buenas prácticas y proyectos operativos desarrollados tanto dentro como fuera del ámbito geográfico canario. Entre los casos de estudio expuestos figuraron la cooperativa de vivienda Sostre Cívic; el proyecto de catering de perfil inclusivo Buscándome las Habichuelas, bajo el amparo de Cáritas Diocesana de Tenerife; y las empresas de inserción Hiebra Social y Trampolín Solidario, además del ya citado programa educativo Enseñar para Emprender.

El último bloque de las jornadas técnicas se focalizó en los desafíos normativos inmediatos, marcados por la tramitación de la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social. Cándido Román, profesor titular de Historia Económica de la Universidad de La Laguna y director de la Cátedra CESCO, argumentó la necesidad de descentralizar las políticas públicas otorgando un mayor protagonismo a los ayuntamientos en la dinamización de estas economías a escala local. En esta línea interpretativa, portavoces de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), la Red ANAGOS y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias) coincidieron en señalar el valor de este modelo como un motor de redes de cooperación mutua y una fuente de oportunidades reales de inserción social para individuos vulnerables.

La clausura institucional del foro estuvo a cargo de la viceconsejera de Empleo, Isabel León, quien ratificó el diagnóstico generalizado de las ponencias al calificar la economía social como una realidad consolidada en términos de innovación y desarrollo territorial, confirmando la voluntad de la administración autonómica de dar continuidad al fortalecimiento de este marco. El foro, impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo a través del SCE, cerró sus sesiones con un requerimiento conjunto para estrechar los lazos de colaboración entre las administraciones, entidades, organizaciones empresariales, fuerzas sindicales y universidades, con el propósito de optimizar las ventajas que ofrecerá el nuevo texto legal en la creación de empleo de calidad y la cohesión social en todo el archipiélago.