Las víctimas eran captadas en Nigeria, donde eran sometidas a rituales de vudú para doblegar su voluntad y trasladadas a Europa donde debían ejercer la prostitución.

Debían saldar una deuda contraída a raíz de su viaje a Europa que oscilaba entre 20.000 y 55.000 euros.

Los agentes han liberado a dos mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Arrecife a una mujer de 29 años de edad y nacionalidad nigeriana, sin antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de trata de seres humanos. La arrestada formaba parte de una organización criminal que introducía en España mujeres de origen nigeriano de forma ilegal, que eran sometidas a rituales vudú para doblegar su voluntad y obligadas a prostituirse. Las mismas debían saldar una deuda contraída a raíz de su viaje a Europa que oscilaba entre 20.000 y 55.000 euros.

Operación “Rejo”

La investigación se inició en el año 2015, cuando a raíz de diversas informaciones anónimas, los agentes policiales tuvieron conocimiento de que mujeres nigerianas eran sometidas a explotación sexual en la isla de Lanzarote.

Las pesquisas policiales permitieron comprobar la existencia de un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual con ramificaciones en otros países de la Unión Europea.

Rituales vudú

El mismo captaba a las víctimas en Nigeria, donde llevaban a cabo rituales vudú para doblegar la voluntad de las jóvenes y evitar que huyeran. Estas engañadas con promesas de una vida en España y trasladadas en pateras que navegaban desde Libia hasta Italia. Estos trayectos duraban aproximadamente siete días y en las embarcaciones viajaban hasta 500 personas en condiciones infrahumanas.

Por dicho itinerario las jóvenes contraían con la organización una deuda de entre 20.000 y 55.000 euros, que tenían que saldar ejerciendo la prostitución  en la vía pública y durante el tiempo necesario para devolver el dinero.

Una vez en Italia comenzaban las agresiones físicas y sexuales hacia las mujeres, que además eran recluidas en domicilios de la organización durante semanas sin apenas comida o agua.

Una vez que la organización criminal obtenía documentación falsificada de las víctimas, estas eran trasladadas hasta España, donde la madama se hacía cargo de ellas y comenzaba el régimen de explotación sexual. Las jóvenes, que carecían de otros medios de vida, se veían abocadas a ejercer la prostitución y obedecer a los explotadores.

Detención y registros

La investigación culminó con la detención de una mujer de nacionalidad nigeriana, responsable del control de las jóvenes y quien las obligaba a prostituirse, como presunta autora de un delito de trata de seres humanos.

Finalmente y con la preceptiva orden judicial, se llevó a cabo una entrada y registro en un domicilio de Puerto del Carmen, en Lanzarote, donde fueron intervenidos 3.500 euros, moneda extranjera y diversos soportes informáticos que serán analizados por expertos policiales.

Las dos mujeres liberadas han sido asistidas y acogidas en centros de asistencia y protección a las víctimas de trata de seres humanos.

Instruido el correspondiente atestado policial, la detenida fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La investigación policial fue llevada a cabo por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, así como por el Grupo Operativo de Extranjeros de Lanzarote, en colaboración con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo [email protected] para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.