El Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia en Canarias, acredita que en 2014 había 2957 niños y niñas en riesgo, mientras que en 2017 la cifra se reduce hasta 2552.

Según el Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia, elaborado por las dos universidades canarias y coordinado por María José Rodrigo, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, en Canarias, en los últimos tres años, se ha reducido el número de menores declarados en situación de riesgo de 2957 niños y niñas en 2014, hasta 2552 en el año 2016 cifra que se mantuvo al cierre del ejercicio de 2017.

En términos absolutos “estamos hablando que en Canarias, a finales de 2017 había 405 niños y niñas menos en una situación de riesgo que a finales de 2014, lo que es un indicador de que se está trabajando adecuadamente con las familias con dificultades sociales”, indicó Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia y la Familia.

Por islas, y según el último dato del Informe, en Lanzarote hay 87 menores en riegos; en Fuerteventura, 227; en Gran Canaria, 963; en El Hierro, 12; en La Gomera, 17; en La Palma, 165 y en Tenerife 1.081.

La protección al riesgo es una competencia municipal financiada por el Gobierno de Canarias. En la actualidad hay 78 equipos municipales especializados en todo el Archipiélago, “ya que algunos municipios están mancomunados por su escasa población infanto-juvenil”, apunto Morales, que valoró positivamente “la labor que se hace desde los ayuntamientos que va desde la investigación y la verificación de las situaciones familiares, la elaboración de un diagnóstico especializado, las propuestas de medidas de prevención o los proyectos de intervención familiar, siempre en coordinación con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia”.

Los equipos municipales especializado en infancia y familia “son un recurso básico de los servicios sociales comunitarios en los que, diferentes profesionales detectan los problemas, las carencias o las dificultades por las que atraviesan las familias que pueden afectar a los menores que viven en ellas y buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías”, explicó Morales .

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda destinó para el presente año 5.134.870 € entre los municipios para la protección del riesgo, conforme a la distribución incluida en el protocolo de acuerdo marco firmado entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios.

Según la actual Ley de Protección Integral del Menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

Se trata pues, explicó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia “de un recurso preventivo prioritario en el que se establecen programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral”.

El apoyo a la familia se desarrolla mediante la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.