El Gobierno de Canarias ha elevado el tono este martes ante la crisis migratoria, solicitando una mayor implicación del Estado para hacer efectivos los traslados de menores migrantes no acompañados. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha pedido explícitamente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que intervenga para conseguir plazas de acogida en la Península y ha desmentido que el Ejecutivo regional sea el responsable del tapón administrativo.

Tras la reunión interadministrativa semanal para coordinar el traslado de menores con protección internacional, Delgado, acompañada por la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ha respondido a las recientes declaraciones del ministro exigiendo “lealtad institucional”.

Resoluciones sin destino real

El principal escollo señalado por la Consejería es la desconexión entre el trámite burocrático y la realidad de los recursos de acogida. “Las resoluciones de traslado de los menores nos llegan sin que la comunidad autónoma de destino tenga la plaza”, afirmó Delgado.

Según la consejera, Canarias está cumpliendo con su parte, habiendo enviado 560 expedientes a la Subdelegación del Gobierno hasta la fecha. Sin embargo, solo se han producido 269 resoluciones definitivas de reubicación. “Nos gustaría saber por qué necesitan más, si aún tienen casi 300 por resolver, aunque nosotros seguimos enviando expedientes a diario”, puntualizó Sandra Rodríguez.

Delgado insiste en que el Ministerio debe trabajar con las comunidades autónomas la apertura de esos recursos antes de emitir la documentación: “Canarias no puede enviar a los menores a plazas inexistentes, por mucho que se empeñe el Estado en que su expediente está resuelto. Hablamos de menores de edad, no de fardos”.

Cifras y presión asistencial

A fecha de hoy, 13 de enero de 2026, el Gobierno de Canarias mantiene la tutela de 4.389 menores. De este total, 3.979 permanecen físicamente en las Islas, mientras que el resto (410), aunque tutelados, ya han sido trasladados a la Península bajo el estatus de protección internacional.

El balance total de salidas asciende a 608 menores, desglosados de la siguiente manera:

• 410 por protección internacional.

• 106 reubicados por la “vía exprés”.

• 92 a través de la disposición adicional primera (aquellos presentes antes de la declaración de contingencia).

La consejera subrayó que, en lo referente a las nuevas llegadas, existen 521 menores que deberían haber salido ya del Archipiélago y continúan en las islas “porque las delegaciones del Gobierno no están teniendo la celeridad debida en la resolución de esos expedientes”. Delgado rechazó que se achaquen a Canarias “errores o fallos que no ha cometido”.

El perfil de los llegados y la saturación

Aunque el ritmo de llegadas ha descendido según los datos del Ministerio de Interior respecto a años anteriores, la sobreocupación de los recursos sigue siendo “preocupante”. Este alivio relativo se debe, en parte, a que el 80% de los menores que arriban son adolescentes cercanos a cumplir la mayoría de edad.

No obstante, Sandra Rodríguez explicó que el sistema, al ser muy garantista con el “interés superior del menor”, alarga los procedimientos. A pesar de ello, aseguró que Canarias cumple con el plazo de cinco días estipulado para enviar la documentación a la Península. “Estos menores son personas con circunstancias concretas, no folios que se resuelvan a golpe de clic”, matizó.

Rechazos y condiciones de acogida

Durante la comparecencia también se detallaron las dificultades logísticas y las renuncias al sistema de protección. La directora general reveló que 99 menores han renunciado a su derecho de protección internacional al negarse a ser trasladados temporalmente a dispositivos en Gran Canaria, como el centro ‘Canarias 50’, debido a sus condiciones.

Actualmente, la ocupación en estos dispositivos específicos es la siguiente:

• 85 menores en el Canarias 50 (alojados aún en barracones).

• 28 en la Casa del Mar.

• 54 en el Colegio León.

Asimismo, se informó que 96 menores incluidos en el listado inicial han recibido una resolución desfavorable a su petición de asilo.

Falta de emergencia nacional

Desde el Ejecutivo canario se apunta a un problema estructural: la falta de declaración de la emergencia migratoria nacional. Esta carencia —explican desde el Gobierno regional— obliga a las comunidades autónomas a tramitar las nuevas plazas bajo el derecho administrativo común, un proceso lento y burocrático que dificulta la creación inmediata de cupos para la reubicación.

“Política Territorial no está estableciendo una negociación con esas comunidades para despejar inconvenientes ni ha establecido la financiación necesaria”, concluyó Delgado, reiterando que la falta de agilidad en la Península es lo que está frenando el ritmo de los traslados.