Como  medida  de  impacto  a  corto  plazo,  se  ha  concedido  una  ayuda directa al Gobierno de Canarias, por valor de 10,5 millones de euros, para cofinanciar  la  compra  de  hasta  107  viviendas  para  el  realojo  de  las personas que han perdido su casa.

Además,  cada  ministerio  adoptará  medidas  concretas  para  paliar  la pérdida  de  viviendas,  infraestructuras,  equipamientos,  instalaciones  y servicios  públicos,  red  viaria  y    explotaciones  y  producciones agrícolas, ganaderas de acuicultura marina o forestales, incluyendo los gastos derivados de la muerte de animales.

Distintos  departamentos  ministeriales  impulsarán  asimismo  iniciativas para  la  promoción  del  turismo  y  la  dinamización  industrial  de  la  zona afectada, así como para su regeneración medioambiental.

Este  martes  se  constituye  por  videoconferencia  Madrid-Canarias  la Comisión  Mixta  para  hacer  seguimiento  de  las  medidas,  integrada  por la  Administración  General  del  Estado,  la  Comunidad  Autónoma  de Canarias, el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

El  Gobierno  ha  acordado  asimismo  la  constitución  de  una  Comisión Interministerial  para  la  emergencia  de  La  Palma,  que  se  reunirá  por primera vez el próximo 4 de octubre

El  Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y largo plazo, destinadas a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de la Cumbre Vieja de La Palma y a articular la recuperación económica de la isla.

Dentro de las medidas a corto plazo, el Consejo ha aprobado un Real Decreto con el que se destinan 10,5 millones de euros –a través de una ayuda directa al Gobierno de Canarias-  para  cofinanciar  la  compra  de  hasta  107  viviendas  para  el  realojo  de  las personas que han perdido su hogar de residencia tras la erupción volcánica.

Además, el Gobierno ha declarado la isla de La Palma zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC, antigua Zona Catastrófica) por la erupción del  volcán.

Este  acuerdo  habilita  a  todos  los  departamentos  ministeriales  para determinar  las  ayudas  necesarias  para  recuperar  todos  los  daños  provocados  por  el volcán.

Este martes se constituye además por videoconferencia Madrid-Canarias la Comisión Mixta de coordinación de las medidas, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  e  integrada  por  la  Administración  General  del  Estado,  la  Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

El  Gobierno  ha  acordado  asimismo  la  constitución  de  una  Comisión  Interministerial para  la  emergencia  de  La  Palma,  que  se  reunirá  por  primera  vez  el  próximo  4  de octubre de manera telemática.

107 VIVIENDAS 

Las  cifras  disponibles  hasta  el  momento  elevan  a  entre  300  y  400  las  viviendas arrasadas por la lava que en ningún caso podrán ser reconstruidas en el lugar donde se  ubicaban.  Para  realojar  a  las  personas  afectadas,  el  Gobierno  de  Canarias  está gestionando  la  adquisición  de  viviendas  tanto  existentes  como  provenientes  de promociones de obra nueva recientemente finalizada o en curso.

El Gobierno de España va a participar cofinanciando esa adquisición.  El Real Decreto aprobado este martes concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias  para  cofinanciar  la  compra  de  107  viviendas  en  la  isla  de  La  Palma  para destinarlas al alojamiento, temporal o definitivo, de familias afectadas con la pérdida o daño de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica.

La  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  deberá  destinar  el  importe  íntegro  de  la subvención a la adquisición tanto de esas 107 viviendas como la concesión de ayudas a los damnificados para la adquisición de los enseres de primera necesidad necesarios para la habitabilidad de las viviendas.

ZONA CATRASTRÓFICA

Además  de  esta  ayuda,  la  declaración  de  la  isla  de  La  Palma  como  ZAEPC  (Zona Catrastrófica) abre la fase de recuperación de la catástrofe a medio y largo plazo, una recuperación que se dará por finalizada hasta que todas las personas afectadas hayan recuperado la normalidad.

El  Acuerdo  aprobado  hoy  detalla  que  la  erupción  volcánica  forzó  la  evacuación preventiva  de  6.000  personas  de  las  poblaciones  afectadas  por  las  coladas  de  lava, que han causado daños en infraestructuras y bienes públicos y privados, así como en cultivos  y  explotaciones  agropecuarias,  polígonos  industriales  y  otras  instalaciones productivas.

Asimismo, indica que se han alterado redes del transporte de personas y mercancías, con  el  corte  de  carreteras  y  la  prohibición  temporal  de  la  navegación  marítima  en  la zona del oeste de la isla de La Palma, así como suspensión de actividades escolares en algunos de los municipios afectados.

Aunque el volcán sigue activo, las características de esta emergencia, en particular su intensidad  y  su  duración  en  el  tiempo,  han  impulsado  al  Gobierno  a  habilitar  ya  la adopción  de  medidas  extraordinarias  paliativas,  para  lo  que  cada  departamento ministerial debe determinar las iniciativas que corresponde adoptar en el ámbito de sus respectivas competencias.

AYUDAS PARA TODOS LOS SECTORES

El  acuerdo  aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros  incluye  una  lista  no  exhaustiva  de medidas  a  adoptar  para  paliar  las  consecuencias  de  la  erupción  volcánica  en  La Palma, que son las siguientes:

  Ayudas  para  la  reparación,  rehabilitación  y  reconstrucción  de  viviendas,    incluyendo tanto la destrucción total como las reparaciones necesarias para volver a ser utilizadas.

  Ayudas  para  la  reposición  de  enseres  de  primera  necesidad  que  hayan  resultado destruidos o dañados.

  Ayudas para alquileres de  viviendas  tanto para las personas que  tenían  viviendas  en ese  régimen  como  para  las  que  hayan  de  arrendarlas  como  consecuencia  de  la destrucción o necesidad de reparación de las que tenían en propiedad o en usufructo.

  Gastos  de  emergencia  en  que  hayan  incurrido  los  ayuntamientos  para  garantizar  la vida  y  la  seguridad  de  las  personas  o  el  mantenimiento  de  los  servicios  públicos esenciales.

  Subvenciones  a  los  proyectos  que  ejecuten  las  entidades  locales  para  reparar  o restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad local.

Ayudas por daños en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas o forestales, incluyendo, entre otros, los gastos derivados de la muerte de animales.

  Ayudas por daños en instalaciones de acuicultura marina.

  Ayudas para la promoción del turismo y la dinamización industrial de la zona afectada.

  Actuaciones para la regeneración medioambiental.

  Medidas laborales y en materia de prestaciones por desempleo.

  Bonificaciones y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

  Beneficios  fiscales  en  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  y  en  el  Impuesto  sobre Actividades Económicas.

  Exenciones  de  las  tasas  del organismo autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  para la tramitación  de  las  bajas  de  vehículos  solicitadas  como  consecuencia  de  los  daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas.

  Reducciones  fiscales  especiales  para  las  actividades  agrícolas  y  ganaderas  en  el Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  en  el  Impuesto  sobre  el  Valor Añadido.

  Bonificaciones  en  aranceles  notariales  y  registrales  cuando  afecten  a  viviendas  y locales o establecimientos mercantiles, industriales o de servicios que hayan resultado destruidos.

  Líneas  preferenciales  de  crédito,  subvencionadas  por  el  Instituto  de  Crédito  Oficial, para  cubrir  los  costes  derivados  de  la  reposición  o  reparación  de  instalaciones  y equipos.

Todas  estas  ayudas,  subvenciones  y  bonificaciones,  una  vez  determinadas,  se integrarán  y  se  aprobarán  mediante  la  disposición  legal  correspondiente.  Su  valor  no podrá  superar  la  diferencia  entre  el  valor  del  daño  producido  y  el  importe  de  otras ayudas  o  indemnizaciones  declaradas  compatibles  o  complementarias  que,  por  los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales,  o  que  correspondieran  en  virtud  de  la  existencia  de  pólizas  de aseguramiento.

REAL DECRETO-LEY CON MEDIDAS EN MATERIA LABORAL

El  Consejo de  Ministros  ha aprobado  además  hoy  un  Real  Decreto-Ley  con  medidas en materia laboral que incluye la figura de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo específico para las empresas de Canarias afectadas por la erupción vulcánica en La Palma, vigentes en principio hasta el 28 de febrero de 2022.

Las  empresas  a  las  que  se  les  autorice  un  ERTE  tendrán  derecho  a  los  beneficios extraordinarios y el tiempo que los trabajadores perciban la prestación por desempleo no  computará  a  los  efectos  de  consumir  los  periodos  máximos  de  percepción establecidos.