El periodista y escritor Julián Ayala, portavoz de Canarias por un Territorio Sostenible, expuso el siguiente texto.

Hemos presentado en el registro de entrada del Parlamento las alegaciones que hace la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible al Proyecto de Ley del Suelo que se tramita en nuestra Cámara legislativa.

Hemos hecho estas alegaciones en forma de enmiendas a tenor del llamado proceso de participación abierto por el Parlamento para –según dice– enriquecer los debates del Proyecto de Ley del Suelo de Canarias con las “observaciones y sugerencias” de las  ciudadanas y ciudadanos. “Este modelo participativo y colaborativo –continúa– da oportunidad a la ciudadanía para que formule comentarios durante la tramitación del proyecto de Ley, que serán trasladados a los diputados y grupos parlamentarios y podrán ser incorporados al texto final aprobado, a través de las enmiendas presentadas por éstos”.

Desde la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible consideramos que esta  graciosa concesión del Parlamento –sin precedentes ni normativa que la avale– está originada por el temor al rechazo que el proyecto de Ley del Suelo de Canarias está suscitando entre amplios sectores de la sociedad. Rechazo al que no es ajena la actividad desarrollada por nuestra plataforma y otras organizaciones de la sociedad civil, entre las que no podemos dejar de citar a los colegios de arquitectos, geógrafos y biólogos, a la Asociación Profesional de Agentes Forestales, a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), algunos de cuyos representantes han firmado, a título personal, las reclamaciones que acabamos de presentar, y a la Fundación César Manrique. A estas organizaciones se unen organismos institucionales como el Consejo Consultivo de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, los propios Servicios Jurídicos del Gobierno Autónomo y, hace tan sólo unos días, el Comité Científico de ‘Lanzarote Reserva de la Biosfera’.

Consideramos que esta apertura del Parlamento a la participación ciudadana llega tarde y mal, pues  no es más que un parche para tratar de soslayar la infracción legal perpetrada por el Gobierno de Canarias o, más bien, por su presidente Fernando Clavijo, al encargar la redacción del anteproyecto de ley a un equipo jurídico de su confianza, después de haber consultado en exclusiva a los representantes de lo más granado del empresariado canario, los únicos que han patrocinado esta normativa tan lesiva para los intereses generales.

Y esto sin tener en cuenta la normativa internacional vigente, concretamente lo  dispuesto en el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que fue ratificado por España en 2004 y empezó a aplicarse dos años más tarde, mediante la Ley 27/2006. Entre sus disposiciones está que cualquier anteproyecto de ley que afecte al medio ambiente debe contar con un diagnóstico previo a su redacción, y ese diagnóstico tiene que hacerse con la participación no sólo de representantes de corporaciones públicas o de entidades privadas como las asociaciones de empresarios, sino también de sindicatos, asociaciones ecologistas y vecinales, plataformas ciudadanas, colegios profesionales y otros colectivos de la sociedad civil. Sin esa participación es imposible elaborar un texto normativo que se adecúe a las necesidades reales de la mayoría de la población y no sólo a los intereses de una reducida parte de ésta.

Como establecen el Convenio de Aarhus, la norma comunitaria y la Ley española, la  participación debe hacerse antes de que hayan sido adoptadas las decisiones, es decir, cuando todas las opciones están abiertas.

Por poner un ejemplo cercano, en el País Vasco hace tres años que se debate el  proyecto de ley del territorio de aquella comunidad y aquí sólo se abrió a la ciudadanía un período de información pública de veinte días, que, ante las protestas suscitadas, se amplió otros quince. En total treinta y cinco días para opinar –sin garantía de que esas opiniones fueran tenidas en cuenta– sobre una ley que, si se aprueba, cambiará la concepción del territorio que es patrimonio de todas las generaciones de personas que han habitado, habitan y habitarán nuestras Islas.

Por lo visto, ni la clase empresarial vasca es tan depredadora como la canaria ni los políticos que gobiernan aquella comunidad, a pesar de ser conservadores y de derechas como los de aquí, deben su razón de ser a los favores de los grandes empresarios. Ya se sabe lo que dijo hace unos meses el presidente Clavijo en el Parlamento: “Yo gobierno para los empresarios, que son los que crean empleo”.

En definitiva, el anteproyecto de Ley del Suelo (hoy convertido en proyecto de Ley) se  dio a conocer públicamente cuando estaba ya cerrado en sus líneas fundamentales, con una intencionalidad claramente definida y con pocas o nulas opciones de cambio por las personas y colectivos sociales que creemos en la planificación territorial y en la necesidad de contar con instrumentos que permitan velar por la preservación del territorio –nuestro  valor patrimonial más importante– y dirigir el modelo socioeconómico a objetivos perdurables y sostenibles.

La principal consecuencia  de esta falta de  participación ciudadana es que el  texto  propuesto esté claramente encaminado a liberalizar el suelo, para facilitar el proceso urbanizador y, naturalmente, el negocio que se deriva del mismo.

Esto explica nuestro rechazo frontal a la Ley del Suelo y que durante estos meses  pasados nuestros esfuerzos hayan estado encaminados a forzar al Gobierno a abrir el  necesario y legal proceso de participación pública que nos ha sido secuestrado. Ahora nos encontramos con la Ley ya en trámite parlamentario, las enmiendas a la totalidad rechazadas por 48 votos a 12 y, con la misma proporción, la perspectiva de su futura aprobación.

En estas circunstancias se produce el paripé de participación ciudadana y, aunque  somos escépticos sobre sus resultados, hemos presentado estas alegaciones en forma de enmiendas para, en primer lugar, poner en positivo las propuestas de Canarias por un Territorio Sostenible. No somos los del no a todo, como reiteran los del sí a la destrucción del territorio en aras del negocio. Ejercemos nuestro derecho a participar y puede ser (es una esperanza  muy remota) que contribuyamos a paliar los daños del Proyecto de Ley del Suelo, en el caso de que sea aprobado en sus actuales términos.

Pero al mismo tiempo, adelantamos algunos de los aspectos que, más desarrollados y argumentados jurídicamente, integrarán los recursos y denuncias que presentaremos ante las instancias superiores del Estado y de Europa, contra esta Ley, pues ya hemos dicho en otra ocasión que no vamos a parar y lo mismo que hemos denunciado la ley del turismo de las islas verdes lo haremos con la injusta Ley del Suelo de Canarias.

Por último, expresamos nuestro compromiso cívico con los valores y objetivos que  inspiran nuestras enmiendas, sobre las cuales deberá fundarse una propuesta alternativa de Ley del Territorio que sustituya a la Ley Canaria del Suelo de los empresarios y políticos venales, cuando nuevas y no muy lejanas condiciones políticas lo permitan.

Y ahora doy paso al compañero Santiago Pérez, impulsor de las enmiendas,  en cuya elaboración han colaborado también otros compañeros y compañeras. Pues uno de los logros más singulares de este movimiento  en defensa de nuestra tierra es haber atraído a un amplio abanico de lo que podríamos denominar ”intelectuales orgánicos”. Entre ellos, juristas como el propio Santiago y Olga Mora, arquitectos como Faustino García Márquez, economistas como Federico Aguilera Klink, biólogas como Asunción Delgado, escritores como Fernando López Aguilera, sindicalistas, periodistas, ecologistas, políticos y una amplia gama de activistas sociales, que constituyen la columna vertebral de Canarias por un Territorio Sostenible. A todas ellas y ellos nuestro reconocimiento y gratitud.