El Gobierno de Pedro Sánchez quiere destinar el dinero de carreteras a pagar a los bancos y a compensar a comunidades incumplidoras.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha denunciado esta mañana que el Ministerio de Hacienda ha incluido en la cifra provisional de superávit de la Comunidad Autónoma 500,4 millones de euros que forman parte de las sentencias del Tribunal Supremo con relación al Convenio de Carreteras 2006-2017. “Un dinero que, como es bien sabido no han abonado a las Islas”, criticó.
El Gobierno de España no ha pagado la sentencia pero se ha dado prisa para llevar a superávit este dinero. “Los canarios deben saber que de esta forma se impide utilizar el dinero para obras en carreteras y que lo que busca Pedro Sánchez es que lo destinemos a pagar a los bancos y a compensar a comunidades incumplidoras”.
Dávila recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez “quiere aprovecharse de la buena gestión de la Comunidad Autónoma desde hace meses, impidiendo que el dinero del superávit se destine a sufragar las verdaderas necesidades de la población de las Islas”. “El objetivo está claro: quieren obligarnos a que paguemos con nuestra buena gestión el derroche de otras administraciones, aprovechando el dinero que es de todos los canarios para reducir el importe global de la deuda “.
Rosa Dávila desmintió los datos del Ministerio y aseguró que “no es real que Canarias tenga un superávit del 2,05 % del PIB regional y 947 millones de euros. Además del dinero de Carreteras, se han contabilizado los 140 millones que llegaron a final de año y que ha sido imposible ejecutar.
“En este momento, teniendo en cuenta estos dos factores, el superávit de la Comunidad Autónoma se fija en el 0,65% que equivale a 300,6 millones de euros, casi 650 millones menos de lo que se ha publicado”.
Asimismo, confirmó que el Gobierno de Canarias agotará hasta el último día de la legislatura exigiendo al Gobierno de España que permita que el superávit de las Islas se destine a la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Explicó que las cifras definitivas se publicarán antes del 30 de abril de este año por la Intervención General de la Administración del Estado. “Así que este gobierno hará todas las gestiones a nivel técnico y político para evitar, una vez más, que el Gobierno de España pisotee los derechos de las canarias y canarios”, anunció.
